La Unión, Copán: el poder minero se impone sobre el municipal
Más allá del nombre de la persona al frente de la alcaldía de La Unión, Copán, quien realmente ejerce el control en esta zona occidental de Honduras es la empresa Minerales del Occidente S.A. (MINOSA), que durante más de 40 años se ha consolidado como la autoridad dominante, coinciden analistas. Ninguna institución queda fuera de su influencia; todas las resoluciones y acciones están manipuladas por lo que se ha convertido en la “mandamás” de la región.
Por más de 40 años, la vida del municipio de La Unión, Copán, en el occidente de Honduras, ha estado marcada por la presencia de una mina que llegó prometiendo generación de empleos y proyectos para las comunidades.
Cuatro décadas después, el resultado se centra en ríos contaminados, la destrucción de las montañas, un camposanto dinamitado y una institucionalidad local y nacional al servicio de la empresa de capital transnacional.
En 1983, el gobierno de Honduras otorgó una concesión de explotación a Minerales de Occidente (hoy MINOSA) para la mina San Andrés en Copán, una concesión que incluía el derecho a extraer oro y otros minerales en un área de 100 hectáreas. Este contrato, que en un principio fue aprobado por un período de 40 años, sentó las bases para una industria minera más formalizada en la región, pero también trajo consigo una serie de problemas para las comunidades aledañas y el medio ambiente.
Minerales de Occidente (MINOSA), subsidiaria de Aura Minerals desde 1998, ha operado la mina a cielo abierto San Andrés y desde entonces se ha convertido en la “todo poderosa” del municipio, controlando las acciones y decisiones de la corporación municipal.
En los últimos ocho años, el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, de afinidad nacionalista, ha sido un fiel representante de la empresa, incluso excluyendo a comunidades como Azacualpa, que denuncian los daños generados en la zona.
Víctor Hugo, nacido en La Unión, inició en la vida política bajo el liderazgo nacionalista que años atrás encabezaba Juan Orlando Hernández. En el actual proceso electoral, busca un tercer mandato en el movimiento de Nasry Asfura prometiendo una vez más generación de proyectos benefactores para las comunidades.
Javier Madrid, habitante de Azacualpa, señaló que el comportamiento del alcalde es similar al de otros políticos de la zona que defienden los intereses de la mina y son flexibles en la entrega del territorio Maya-Chortí.
“Somos un municipio que sobrevive de la siembra de granos básicos, hortalizas y café, pero esta alcaldía sigue apostando a la minería, a pesar de la destrucción demostrada durante todos estos años. No hay apoyo al campo, estamos abandonados”, comentó Javier.
Para él, el alcalde simplemente sigue las líneas de funcionarios anteriores, poniendo a disposición de la empresa minera un territorio donde se han desplazado comunidades, destruido el ambiente y dividido a sus habitantes. Ante cualquier reclamo, la amenaza es que, si la mina se va, se pierde el empleo y el desarrollo en la región.
En el caso concreto de Víctor Hugo, se le reprocha haber permitido que la empresa dinamite un cementerio de más de 200 años en Azacualpa, en una acción que desobedeció una orden de la Corte Suprema de Justicia que protegía ese patrimonio cultural del pueblo Maya-Chortí.
“Todos saben que él era alcalde cuando vendió el camposanto. No le importó que vecinos pedíamos respeto para este lugar sagrado. Nos ignoró, como sigue haciendo, pero eso no detendrá nuestro rechazo hacia un proyecto que sigue generando dolor y muerte para nuestro pueblo”, afirma Javier.
La protección y colusión del alcalde con la empresa minera es tan fuerte que, en 2024, en su segundo mandato, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia presentó antejuicio contra cinco miembros de la Corporación Municipal que él dirige.
El Ministerio Público informó que los antejuiciados son el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, la vicealcaldesa Sonia María Lara Tábora, y los regidores Henry Milton Tábora Chinchilla, Rafael López Guevara y Fernando Trigueros Pérez, por el presunto delito de incitación a la discriminación contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Lea denuncia completa: Ministerio Público presenta antejuicio contra alcalde y regidores de La Unión, Copán por incitar a la discriminación
Según investigaciones, Víctor Hugo y la corporación municipal decidieron por unanimidad declarar «NON GRATOS» a organizaciones sociales como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ASONOG, CIPRODEH y sus representantes legales.
Esto ocurrió cuando las organizaciones acompañaban a las comunidades en su rechazo a la destrucción del cementerio, exigiendo a la municipalidad detener las exhumaciones en Azacualpa.
Para el abogado Lester Castro, del equipo jurídico del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la permanencia del alcalde Víctor Hugo en la alcaldía garantiza que La Unión siga siendo un municipio minero, donde diversos actores económicos y políticos se ponen al servicio de la empresa, aplastando cualquier oposición o denuncia contra las violaciones cometidas por MINOSA.
“En esta región del occidente, otro actor clave son las empresas que prestan servicios a la minera, ya que la mayoría están ligadas a regidores y diputados, además de las vinculadas al entorno del alcalde”, señaló Lester.
La alcaldía, dirigida por Víctor Hugo, se ha convertido en la tramitadora de la empresa minera que realmente es quien gobierna la zona. “En 2021, la Sala Constitucional de la Corte de Justicia admitió un amparo para detener las exhumaciones que se realizaban en el cementerio. Sin embargo, el alcalde, como buen tramitador, se presentó junto a un grupo de habitantes ante un Juzgado de Letras en Santa Rosa de Copán para oponerse a la decisión del máximo órgano de justicia en Honduras. Todos saben que eso es ilegal, pero aun así hay un sometimiento de la institucionalidad a los intereses de la empresa”, explicó el abogado del MADJ.
De forma pública, se sabe que Minerales de Occidente (MINOSA) tiene control no solo sobre la alcaldía, también de los Juzgados de Letras de Santa Rosa y la Policía, y de toda la institucionalidad local, que ha sido puesta al servicio para ocultar el desastre ambiental provocado, así como la ruptura del tejido social y el irrespeto al derecho a la unidad familiar de las comunidades afectadas.
Por su parte, el abogado Víctor Fernández, quien ha acompañado por años a las comunidades del municipio, ha sido víctima de denuncias y ataques por parte del alcalde debido a su firmeza en denunciar a la empresa por privilegiar sus intereses económicos, usando la alcaldía y otras instituciones públicas para mantener una industria que, lejos de generar desarrollo, está causando destrucción social y ambiental.
Víctor Hugo Alvarado busca un tercer mandato en la alcaldía de La Unión, Copán. Sus promesas de campaña son las mismas de periodos anteriores: generación de empleo y desarrollo para las comunidades, proyectos que pretende cumplir de la mano de la empresa Minerales de Occidente, MINOSA, tan denunciada a nivel nacional e internacional pero tan defendida localmente.
