Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña
Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que juntas conforman el Municipio del Distrito Central, son el corazón político y administrativo de Honduras. Más allá de su papel como capital, destacan por su alta recaudación fiscal, su densidad poblacional y, al mismo tiempo, por los profundos contrastes sociales que las caracterizan. Históricamente, estas urbes han enfrentado un crecimiento urbano desordenado, altos índices de pobreza, zonas marginadas y una marcada vulnerabilidad frente al cambio climático.
El Distrito Central alberga a más de 1.3 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Rodeada de montañas y asentada sobre una topografía irregular, la capital se ha visto expuesta a desastres naturales, especialmente durante la temporada lluviosa. Tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, Tegucigalpa cambió profundamente: quedó destruida, al igual que buena parte del país. En el ámbito político, ese evento marcó el inicio de más de dos décadas de dominio del Partido Nacional en la alcaldía, hasta el año 2022.
Fue en ese año cuando, tras tres intentos previos, Jorge Alejandro Aldana Bardales asumió su primer mandato como alcalde. Nacido en 1975, periodista de profesión y con experiencia política en el Parlamento Centroamericano y regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (2018–2022), Aldana llegó al poder con un discurso centrado en la reconstrucción y la recuperación urbana.
Durante su campaña, prometió proyectos emblemáticos como: la construcción de un parqueo público en la populosa colonia Kennedy, la puesta en marcha del Trans-450, el bacheo masivo de calles, la recuperación del río Choluteca y la creación de un malecón a lo largo de su ribera, y aunque su administración se acerca al cierre con la ejecución de más de un centenar de obras, muchas de sus promesas iniciales permanecen inconclusas.
Deudas pendiente de gobiernos anteriores
Uno de los pilares de la administración de Aldana ha sido su ambicioso plan de inversión municipal, valorado en más de 10 mil millones de lempiras, que abarca proyectos de infraestructura vial, social, ambiental, agua potable, saneamiento y mitigación de riesgos. La meta de cerrar su período con al menos 100 obras concluidas ha sido reiterada en múltiples ocasiones como símbolo de eficiencia y compromiso con el desarrollo urbano.
En colonias como La Villa Franca, El Reparto y el barrio El Carmelo conocido como Los Jucos, la Alcaldía ha ejecutado intervenciones que incluyen la canalización de aguas subterráneas, la pavimentación de calles, la construcción de muros de contención y la recuperación de espacios públicos.
Durante décadas, el barrio Los Jucos fue uno de los sectores más olvidados por los gobiernos municipales. Años de inundaciones, pérdidas materiales y angustia marcaron la vida de sus habitantes, hasta que el alcalde Jorge Aldana priorizó la obra de mitigación que transformó esa realidad.
“La vida nos cambió de forma increíble. Yo soy trabajador ambulante en la mecánica y antes, cuando llovía, tenía que dejar el trabajo tirado y correr a mi casa para sacar los muebles, la refri, todo, porque el agua se metía. Ahora puede llover y llover, y estamos felices porque ya no entra el agua”, relató Melvin Contreras, residente del barrio desde hace 35 años.
El testimonio de Contreras refleja el cambio en un sector que, durante mucho tiempo, fue ignorado por distintos gobiernos locales. “Antes, aquí en Los Jucos ya lo tenían visto como el barrio que siempre se inunda, cuenta. Vinieron Miguel Pastor, Ricardo Álvarez, hasta Papi a la Orden y el presidente Lobo. Todos prometieron arreglar el túnel, porque decían que el problema era que se tapaba… pero nada, solo esperanzas y promesas”, sostuvo.
Hoy, los vecinos cuentan con una obra de mitigación y un parque comunitario, símbolos de una intervención que, según la municipalidad, busca devolver dignidad a comunidades históricamente excluidas y demostrar que la inversión municipal puede llegar a los rincones más olvidados del Distrito Central.
Otro de los puntos de atención de la gestión de Aldana ha sido la rehabilitación del centro histórico de Tegucigalpa, que según el edil busca recuperar la identidad de una ciudad que por años sufrió el abandono institucional. Siendo notoria la restauración de la Avenida Cervantes, una de las más emblemáticas.
Aldana ha insistido en que su modelo de gestión no se limita a obras físicas, sino que pretende reconstruir el tejido social y fortalecer el sentido de pertenencia entre los capitalinos, pero hay algunos sectores de la capital hondureña, como los de Comayagüela que critican estas obras por considerar que carecen de una planificación integral, y que su ejecución ha sido desigual, beneficiando más a unos mientras otros continúan esperando su atención.
Represa Jiniguare: ¿solución o amenaza comunitaria?
En 2022, el alcalde municipal anunció la construcción de la represa Jiniguare, un megaproyecto valorado en más de 150 millones de dólares que según él, garantizaría el abastecimiento de agua potable para la capital durante los próximos 30 años.
La propuesta, sin embargo, no nació en su administración, sino durante la gestión del exalcalde Nasry “Tito” Asfura, quien la presentó como una solución estructural a la crisis hídrica de la capital. En 2010, la empresa Geoconsult fue contratada para realizar un estudio de factibilidad, pero sin consulta previa a las comunidades locales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la validez y transparencia de dicho análisis.
El proyecto ha sido rechazado por organizaciones ambientalistas, defensores del territorio y comunidades locales, quienes advierten que su construcción provocaría el desplazamiento forzado de casi 400 habitantes de la comunidad indígena lenca de Jiniguare, además de vulnerar su derecho a la consulta previa, libre e informada.
El temor de los pobladores no es menor. Ser desplazados significaría perder no solo sus viviendas, sino también su forma de vida y sustento. “Para nosotros que vivimos aquí, es un riesgo salir, porque en otro lugar no tendríamos lo que tenemos aquí. Producimos nuestra comida, nuestras verduras; tenemos una vida de generaciones que siempre han sabido cómo alimentarse. Si nos desplazan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vida vamos a tener? No hay opciones”, expresó Lilian Flores, habitante de Jiniguare, en entrevista con Radio Progreso.
En 2024, se realizó un cabildo abierto con la participación de las autoridades de los municipios del Distrito Central y Ojojona: “Ahí quedó claro y muy directo a las autoridades que nosotros no queríamos la construcción de represas en Jiniguare. Estando presentes los dos alcaldes, el señor Jorge Aldana y Rafael Aguilar, manifestamos nuestro rechazo”, explicó Carlos Hernández, líder comunitario de Jiniguare.
La oposición se reafirmó en un nuevo cabildo abierto en septiembre de 2025, donde la comunidad volvió a ratificar su negativa a la construcción de la represa.
Otro poblador, Pedro Sierra, lo resume así: “Nosotros no tenemos necesidad de ningún gobierno ni nada. Las carreteras las hemos hecho con piochas, no con máquinas; las tuberías de agua potable las pusimos con nuestro esfuerzo, la luz también. Todo ha sido con el sudor de nuestra frente”.
Organizaciones y habitantes de la comunidad señalan que el proceso de socialización del proyecto ha sido limitado y que la Municipalidad del Distrito Central no ha garantizado mecanismos efectivos de participación ciudadana. Mientras que Aldana defiende la construcción de la represa Jiniguare como una obra indispensable para asegurar el abastecimiento de agua de la capital. El rechazo comunitario pone en entredicho su viabilidad y abre un debate sobre el modelo de gobernanza y desarrollo de su administración.
¿Habrá acciones para frenar la contaminación del río Choluteca?
Otro de los puntos críticos de la administración de Jorge Aldana es la creciente contaminación del río Choluteca, que atraviesa zonas densamente pobladas de Tegucigalpa y Comayagüela, y se ha convertido en una fuente permanente de riesgo ambiental y sanitario.
Organizaciones como la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) han denunciado reiteradamente que empresas como Pollos El Cortijo vierten desechos industriales al cauce del río, incumpliendo normativas ambientales y afectando la salud de miles de habitantes. Esa denuncia ha sido respaldada por estudios técnicos que confirman la presencia de contaminantes en el agua, y por los testimonios de vecinos que padecen enfermedades respiratorias y dermatológicas derivadas de la exposición constante a la contaminación.
Mientras las empresas contaminan impunemente “el río refleja la ausencia de control ambiental en la capital y las autoridades guardan silencio. No hay monitoreo, no hay sanciones, no hay justicia ambiental”, expresó Cristopher Castillo, coordinador de ARCAH.
A pesar de la gravedad del problema, la respuesta institucional ha sido limitada. El gobierno municipal de Jorge Aldana no ha aplicado sanciones efectivas ni ha puesto en marcha medidas de remediación ambiental. Para Castillo, esta inacción revela una falta de voluntad política para confrontar a sectores empresariales influyentes, y pone en entredicho el compromiso del alcalde con la protección del medio ambiente.
Según el defensor ambiental, en un contexto donde la crisis climática demanda respuestas urgentes, la situación del río Choluteca se ha convertido en un símbolo de las contradicciones de una gestión que se presenta como progresista, pero que en la práctica ha sido permisiva ante prácticas industriales nocivas.
Villa Solidaridad: la promesa que no llegó
El desastre en la colonia Guillén marcó la vida de cientos de personas. Decenas de familias perdieron sus viviendas debido a deslizamientos provocados por lluvias intensas que activaron fallas geológicas. En respuesta, el alcalde Jorge Aldana prometió la construcción de un complejo habitacional llamado “Villa Solidaridad”, anunciado como una solución “digna y urgente” para los afectados, quienes fueron trasladados a albergues temporales con la esperanza de recibir pronto una vivienda segura.
Sin embargo, hasta la fecha de este reportaje, y pese a que el alcalde había anunciado su inauguración para 2024, el proyecto aún no se ha concretado y las familias desplazadas continúan esperando una solución efectiva.
“Nos sentimos engañados y defraudados. Solo han entregado algunas ayudas temporales, como bonos y asistencia alimentaria, que duran muy poco. Por ejemplo, nos dieron 10 mil lempiras que apenas alcanzaron para un mes y medio de alquiler; no fue asistencia permanente”, relató Juan Bautista Rodríguez, uno afectado de la colonia.
Juan Bautista, cayó enfermo y perdió parcialmente la vista tras el desastre. Su historia se repite en muchas otras familias que llevan casi tres años esperando una vivienda digna. Muchos alquilan, enfrentan la pérdida de sus bienes y ven cómo el trabajo de toda una vida quedó derrumbado, mientras las autoridades parecen ignorar su situación.
La tardanza en la construcción de Villa Solidaridad ha generado frustración y desconfianza entre las personas damnificadas, quienes acusan al alcalde de haber utilizado su tragedia como una plataforma política. La promesa incumplida de una vivienda representa una herida abierta en la gente, evidenciando nuevamente la brecha entre el discurso oficial y la acción concreta.
El Trans-450 y la memoria de la corrupción
El municipio Distrito Central fue victima de uno de los mayores robos de su historia, el proyecto del Trans-450 anunciado desde el 2012 e iniciado en la gestión del exalcalde Ricardo Álvarez, se convirtió en un monumento a la corrupción. kilómetros de obras que han sido demolidas, estaciones que son utilizadas por migrantes o indigentes y nunca utilizadas en su propósito original de mejorar el transporte público de la capital son la evidencia. El proyecto fue incluso inaugurado, pero jamás estuvo en operación.
Jorge Aldana dice que al asumir la alcaldía encontró la municipalidad endeudada y con el mayor acto de corrupción de la historia de la capital. Fue en el año 2022 que canceló el proyecto del Trans-450, aunque se le cuestiona, pero su posicionamiento no fue suficientemente contundente cuando se desempeñó como regidor y por tanto autoridad municipal en el periodo de gobierno 2018-2022, durante el cual el proyecto seguía vigente.
Muchos capitalinos cuestionan que la denuncia que hace ahora como alcalde sobre el Trans-450, evidencia una falta de congruencia con su actuar como regidor y su falta de acción mientras se desempeñó en el cargo.
¿Reconstrucción o simulacro?
La gestión de Jorge Aldana transita entre luces y sombras. Por un lado, ha impulsado obras que buscan mejorar la ciudad, atender a sectores históricamente excluidos y recuperar espacios públicos. Por otro, enfrenta cuestionamientos por decisiones que afectan derechos comunitarios, los bienes naturales y la credibilidad institucional.
Su discurso de transformación urbana contrasta con promesas incumplidas, proyectos polémicos y una gobernanza que en ocasiones parece más reactiva que proactiva, dejando dudas sobre el verdadero impacto de su administración en las vidas de los pobladores de los sectores más olvidados del municipio del Distrito Central.