Tocoa, municipio secuestrado por élites vinculadas a redes criminales
Desde el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras hace casi tres décadas, la situación política y social del municipio de Tocoa, en Colón, ha evidenciado las tensiones entre un modelo de “democracia formal” y la exclusión real de las mayorías. En la coyuntura electoral actual, el contexto local obliga a reflexionar sobre las limitaciones del sistema de representación política y la manera en que este ha instrumentalizado las alcaldías por los grupos de poder económico y político.
El modelo democrático hondureño ha estado históricamente condicionado por los partidos tradicionales, Liberal y Nacional, que han configurado las reglas de participación conforme a sus propios intereses. Sin embargo, en Tocoa surgieron iniciativas desde los movimientos sociales que buscaron construir alternativas políticas orientadas a los intereses de las comunidades. Tanto la propuesta de Carlos Escaleras en los años noventa como la más reciente de Juan López, ambientalista asesinado en 2024, expresaron el anhelo de una administración municipal comprometida con la transparencia, la justicia social y el desarrollo local.
Ambos liderazgos compartieron una misma convicción: la necesidad de transformar un municipio marcado por el abandono institucional y los altos niveles de corrupción. No obstante, la historia pareció repetirse, las estructuras de poder respondieron con violencia y persecución contra quienes representaban una amenaza a sus intereses.
Carlos Escaleras fue asesinado en octubre de 1997, cuando era candidato a la alcaldía de Tocoa por el Partido Unificación Democrática (UD). En ese momento, lideraba la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y denunciaba públicamente la contaminación del río Guapinol, provocada por la instalación de una fábrica procesadora de palma aceitera propiedad de la familia Facussé.
Juan López, regidor de Tocoa y precandidato a la alcaldía por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), fue también asesinado. Inspirado en el legado de Escaleras, López coordinaba el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, una organización que protege la montaña Carlos Escaleras, amenazada por la explotación minera impulsada por los empresarios Lennir Pérez y Ana Facussé.
Del movimiento de resistencia al debilitamiento político
Tras el golpe de Estado de 2009, el municipio de Tocoa, bajo el liderazgo del entonces integrante del Partido Liberal, Adán Fúnez, se convirtió en un bastión de resistencia y movilización popular en defensa de la democracia. Los movimientos sociales se organizaron con la esperanza de transformar las estructuras que, desde la década de 1980, habían perpetuado la desigualdad.
El surgimiento del Partido Libertad y Refundación (Libre) marcó un antes y un después en esa lucha. Si bien su creación representó inicialmente una esperanza de cambio, con el tiempo el partido fue cooptado por sectores tradicionales del poder político, incluidos antiguos miembros del Partido Liberal. Tal es el caso de Adán Fúnez, quien ha ocupado la alcaldía de Tocoa bajo la bandera de Libre desde 2014 hasta la actualidad. Este proceso debilitó la capacidad transformadora del movimiento social y generó una profunda frustración entre las comunidades que habían apostado por una alternativa popular.
Para Adilia Castro integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la administración municipal, lejos de impulsar políticas sociales, reprodujo la lógica del clientelismo y la captura institucional. La comprobada vinculación del principal líder de Libre en Colón, Adán Fúnez, con narcotraficantes como los hermanos Rivera Maradiaga (Los Cachiros), así como su aparición en un video donde Carlos Zelaya, hermano del expresidente Mel Zelaya, negocia presunto financiamiento del narco a la campaña de Xiomara Castro en 2013, terminó por erosionar las esperanzas depositadas en un partido que, en sus orígenes, había nacido de la resistencia popular.
El año 2012 puede considerarse el punto de partida de la llamada “avalancha extractivista” en Honduras, como reafirman ambientalistas. A partir de entonces, nuevos grupos empresariales, en alianza con actores políticos y capitales provenientes incluso del narcotráfico, encontraron en los proyectos extractivos y el monocultivo de palma aceitera una vía idónea para el lavado de dinero y la acumulación de riqueza territorial. En Tocoa, la llegada del modelo minero transformó de manera radical las dinámicas económicas y sociales, generando un incremento notable de la violencia.
“Durante los últimos doce años, la alcaldía de Tocoa se ha consolidado como un espacio controlado por una alianza de élites económicas y políticas, que han utilizado el poder municipal para beneficiar a empresas privadas, muchas veces mediante la falsificación o manipulación de documentos públicos”, dijo la defensora Adilia Castro.
Un ejemplo emblemático es la adulteración del acta municipal de Tocoa para favorecer a la empresa minera Inversiones Los Pinares (Ecotek), propiedad de la familia Pérez Facussé, lo que permitió el avance de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Este hecho revela cómo la alcaldía, bajo el mando de Adán Fúnez, ha actuado como benefactora de intereses privados, despojando a las comunidades de sus derechos y bienes naturales comunes, denunció en repetidas ocasiones el defensor y político Juan Antonio López.
Las múltiples denuncias hechas por Juan López
La decisión de asesinar a Juan López fue el resultado de años de persecución, criminalización y abandono estatal, denunció el Bufete Justicia para los Pueblos. Entre 2016 y agosto de 2024, López interpuso 25 denuncias contra la alcaldía de Tocoa y la empresa minera Los Pinares, sin que el Ministerio Público actuara.
“Juan no fue protegido porque nunca investigaron las denuncias que presentaron contra Lenir Pérez ni contra los agentes de seguridad de Los Pinares, pese a las violaciones y daños ambientales reportados”, declaró el abogado Edy Tábora.
En lugar de atender sus denuncias, las autoridades de inteligencia policial y militar lo acusaron, junto a miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa de integrar una supuesta red criminal llamada Los Antimineros, con López señalado como su líder.
Antes de ser asesinado, el 14 de septiembre de 2024, Juan López había investigado cómo empresas vinculadas a estructuras criminales se beneficiaban de contratos otorgados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. López indagó específicamente sobre Xiomara Lideny Molina Tábora, quien había recibido millonarios contratos de la alcaldía.
Once meses después del crimen, una investigación del medio digital Contracorriente reveló que tres empresas relacionadas con Molina y familiares de la presunta banda «Los Tábora» recibieron más de 4.6 millones de lempiras en pagos durante 2024. Con estos hallazgos, López buscaba exponer los vínculos entre Fúnez, la corrupción y grupos armados, pero fue silenciado antes de hacerlo público.
“La empresa minera mantenía vínculos con políticos y funcionarios públicos de Tocoa. Entre ellos, el grupo liderado por el alcalde Adán Fúnez habría visto en Juan López un obstáculo. Su presencia resultaba incómoda no solo por su lucha contra la minería, sino también por su papel dentro de la corporación municipal, donde cuestionaba las decisiones que favorecían a la empresa”, dijo a Radio Progreso el sacerdote jesuita Ismael Moreno, Padre Melo.
El Padre Melo cree que, para esos sectores, Juan López representaba una amenaza que debía ser eliminada. Su oposición afectaba intereses de poderosos grupos empresariales, algunos de ellos presuntamente vinculados a redes del crimen organizado.
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Juan López integraba un bloque de regidores de oposición que ha intentado hacer incidencia al interior de la alcaldía de Tocoa. Sin embargo, los cuatros regidores que aún siguen realizando denuncias han recibido hostigamiento, amenazas e incluso han sido citados por la Secretaría de Gobernación a una audiencia de descargo, tras supuestas omisiones en su asistencia a sesiones de corporación, producto de una denuncia interpuesta por el aclade Fúnez.
Los regidores señalan que la medida refleja un abuso de poder del alcalde Adán Funes, a quien acusan de no buscar consensos ni diálogo con la corporación municipal. “En lugar de promover la unidad, el alcalde ha trabajado mediante campañas de hostigamiento y violencia contra quienes nos oponemos a decisiones que no benefician al pueblo”, afirmó el regidor José Estrada.
Según los regidores, han solicitado una rendición de cuentas detallada sobre el presupuesto 2024, que asciende a 182 millones de lempiras. Hasta la fecha, aseguran, no se ha presentado información suficiente sobre la inversión de estos recursos, lo que impide aprobar la rendición de cuentas.
Desafíos frente a la crisis
Para el especial Bajo la Lupa recorrimos las principales calles comerciales de Tocoa y recogimos las voces de la ciudadanía, que coincidieron en un mismo diagnóstico: tras casi 12 años de administración de Adán Fúnez, el municipio enfrenta un profundo abandono institucional y un visible deterioro urbano.
Calles en mal estado, escasa inversión pública y la ausencia de políticas sociales reflejan una gestión marcada por la captura del poder local por parte de élites que han utilizado los recursos públicos para su propio beneficio, en detrimento del bienestar común.
A la ciudadanía consultada le preocupa que en el escenario electoral actual se refleja una profunda crisis de liderazgo y representación política. Los candidatos de los distintos partidos carecen de trayectoria social y de un compromiso real con la defensa del territorio y los bienes comunes de la población.
El caso de Tocoa resume con claridad buena parte de la crisis democrática hondureña: corrupción, captura institucional y exclusión de las mayorías. Frente a las elecciones del 30 de noviembre, la ciudadanía del municipio de Tocoa enfrenta un reto mayúsculo que está orientado en recuperar la esperanza y reconstruir un movimiento social capaz de disputar el poder desde abajo, con ética, transparencia y un firme compromiso con la vida y los bienes comunes.