Categoría: Análisis

Elecciones 2025: Aptitud ciudadana y soberana

Elecciones 2025: Aptitud ciudadana y soberana Hoy 30 de noviembre el pueblo hondureño tiene una cita histórica con su patria, con su matria, con el terruño que le vio nacer y crecer, donde sus hijos e hijas corren, las juventudes bailan, ríen y sueñan un mejor porvenir. Aunque también hay muchas realidades que limitan la vida plena en este territorio encantado y apetecido por el voraz capital que pretende el despojo y la privatización de sus bienes naturales comunes. Pero, hoy no será un domingo cualquiera, será el evento que marcará la historia de Honduras, no solo por cuatro años; sino el rumbo del país. He allí, la importancia de no botar el voto.  La participación de la población en las elecciones constituye un derecho y un deber ciudadano pues, son la expresión de la participación ciudadana en la democracia liberal representativa. Ojalá pudiéramos avanzar a otro tipo de sistema democrático u otro modelo de organización política de la sociedad hondureña, fruto de las luchas de los pueblos, que impulse la participación directa en los asuntos públicos, territoriales, económicos y sociopolíticos. Pero mientras eso ocurre, hay que dar pasos que contribuyan a la Honduras que soñamos. El primer paso, es acudir a las urnas y ejercer el sufragio para definir a las personas que nos representarán en los 3 niveles de elección: Presidencial y representantes al Parlamento Centroamericano, diputaciones en el Congreso Nacional de la República y los gobiernos locales. El segundo paso, es estar vigilantes al cierre de las urnas, y el tercer paso, luego de las bullas electorales, arreciar la organización y las luchas, como nos diría nuestra ancestra Berta Cáceres. El padrón electoral confirma que, 6.5 millones de personas hondureñas están aptas para ir a votar, y 8 de cada 10 personas acudirán a las urnas en estas elecciones generales, según el Sondeo de Opinión Pública realizado por el ERIC-SJ en 2025. Es así que, se espera una votación masiva, que impida los fraudes y la indiferencia ciudadana en el destino del país.  A 70 años de que las mujeres hondureñas hayamos logrado el derecho al voto, y concluyendo el periodo de la primera mujer presidenta en Honduras, se tiene el desafío de que las mujeres sigan participando en política y definiendo lo público en beneficio de las mayorías, pero especialmente de las mujeres, las olvidadas de la historia y que irrumpen en lo público, a pesar de las violencias y expresiones machistas. Hoy más del 54% de las mujeres activas en el padrón electoral tienen la oportunidad de votar, y ojalá que pensemos como mujeres desde nuestras realidades y luchas cotidianas, no desde colores políticos que históricamente han marcado la ruta, para quienes somos sus accesorios en una papeleta de suplencia, cocineras para las concentraciones políticas, pega afiches o un voto fácil de seducir con un abrazo y sonrisa fingida.  El voto, más que una moneda de cambio para el mejor postor, significa el poder de un pueblo para elegir conscientemente a sus autoridades, a sus representantes, a quienes les tendría que exigir cuentas y que sus hechos hablen más que sus discursos rimbombantes y trillados. Y prestar mucha atención a aquellos personajes políticos que tienen más de una década en sus cargos y no han demostrado los cambios que en cada elección anuncian.  Según el Sondeo de Opinión Pública SOP, el 73.4% de la población está en desacuerdo con la reelección a nivel de diputaciones; y en el caso de los alcaldes, el 42.9% considera que deben ser electos para un solo periodo, y el 32% que pueden ser electos por dos periodos. En general la reelección sigue estando en el plano de no conformidad por la población, salvo en los gobiernos locales.  El voto requiere ser razonado, consciente y soberano. Sin escuchar voces asustadas de algunos actores. En primer lugar, de los grandes empresarios que no quieren pagar impuestos porque sus riquezas acumuladas por los privilegios del sistema económico u oportunidades para el saqueo del Estado se ven limitadas. Según Juan Arancibia, es una clase dominante local dependiente que no llegó a consolidarse y estuvo a remolque del capital y Estado norteamericano. En segundo lugar, los medios de comunicación corporativos que, lejos de informar a la población han sido eco de voces trasnochadas de especulación y noticias falsas, a tal punto que llegaron a manipular la información sobre el reciente logro de Honduras, como país elegible para la cuenta del milenio después de 16 años.   Y, en tercer lugar, el Estado norteamericano; particularmente la figura de Donald Trump, quien, desde su investidura presidencial en Estados Unidos, cree que seguimos siendo la “república bananera”, su “patio trasero”, sí, Trump que también ha sido acusado por múltiples casos de corrupción, y ha maltratado a nuestros hermanos y hermanas migrantes con la implementación de las políticas antinmigrantes.  Sin embargo, al estilo de la más burda intromisión, Trump con dos publicaciones en redes sociales sacude la balanza política, diciendo por quien votar –Nasry Asfura Zablah del Partido Nacional- y que, además, como premio de consolación indultará a Juan Orlando Hernández, y nos mandará al ex presidente que está sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de drogas y de armas, a quien la justicia de Estados Unidos ha catalogado como el mayor capo de la droga en la región que llegó a ser presidente y por más de una década hizo de Honduras un narco Estado. Entonces, hay preguntas que corretean la reflexión ¿La justicia en Estados Unidos también está condicionada al poder político? ¿Se combate el narcotráfico liberando a los narcotraficantes? O ¿Acaso el “hombre”-JOH- con su partido Nacional es quien sí representa los intereses de Estados Unidos en Honduras, no solo en drogas, sino en la instalación de las ZEDE y otros proyectos extractivos como su apuesta de gobierno?  Vale recordar que, Juan Orlando Hernández se reeligió ilegal e inconstitucionalmente y en el 2017 fue favorecido por fraude electoral como mecanismo de un golpe de Estado “técnico”, el segundo en Honduras en el siglo

Trece tesis sobre el presente y futuro político de Honduras

Trece tesis sobre el presente y futuro político de Honduras PRIMERA TESIS. GRAN PARTE DE LOS PROBLEMAS NACIONALES Y SUS SOLUCIONES ESTÁN RELACIONADOS CON LO QUE SUCEDE EN LA ESCALA INTERNACIONAL. Millones de ciudadanos de países opulentos, como la mayoría de ciudadanos en los países pobres, viven problemas similares, como: a) reducción e incluso supresión de condiciones sociales básicas, como la salud y la educación públicas, la seguridad social con sus sistemas de pensiones y jubilaciones, los derechos laborales, los fondos de auxilio por desempleo y la vivienda social; b) precarias condiciones de seguridad ciudadana; c) acción limitada o inacción para enfrentar el cambio climático y protegerse ante los desastres naturales que este provoca; d) corrupción que lo invade todo y bloquea posibilidades de bienestar general; e) creación de privilegios extremos e innecesarios en favor del gran capital transnacional, a costa de reducir los beneficios sociales; f) estrategia de reducción del Estado a una mínima expresión casi solo simbólica, sustituyendo los servicios públicos, en su mayoría gratuitos, por servicios privados, con ánimo de lucro, en condiciones de mercado y con tendencia al monopolio o a los monopsonios. g) incremento del autoritarismo, que limita y erosiona gravemente las libertades y los avances democratizadores. Hoy estas políticas erosionan el Estado de Bienestar en los países que lo arraigaron desde finales del siglo XIX, como Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, debilitando con ello los límites a la explotación capitalista de los trabajadores. La destrucción del Estado de Bienestar en las potencias, en condiciones de transnacionalización del capital es la anulación de grandes conquistas sociales de dimensión planetaria, cuya mayor consecuencia es el deslizamiento de las clases pobres y medias hacia peores condiciones. La destrucción del Estado de Bienestar en las potencias se reproduce en muchos países pobres, obedeciendo a los mismos intereses del capital transnacional. Ello perjudica a las grandes mayorías, vivan en países ricos o pobres. En Honduras, que nunca logró grandes avances en su Estado de Bienestar, el mismo comenzó a ser desmontado por la vía de las privatizaciones, desde hace ya muchos años. Tales acciones han sido impulsadas por el capital transnacional y empresarios nacionales, quienes actúan a través de los partidos políticos tradicionales. Los partidos a su vez han convertido el desmontaje del Estado de Bienestar en una acción encubierta, disfrazada con múltiples pretextos que nutren su minuta económica, política e ideológica. Mientras esto sucede, las mayorías ciudadanas, saturadas de propaganda centrada en la mentira y el miedo, no perciben la dimensión y alcances internacionales de lo que aquí ocurre, y creen con ingenuidad y víctimas de engaños repetidos, que se trata de un asunto de políticos locales y sus partidos. Enfrentar estos graves e inmensos problemas requiere de acciones múltiples y variadas, tanto en el plano internacional como dentro de cada uno de los países, sean ricos o pobres. Se necesita una voluntad política con amplio respaldo popular dentro de cada país, para impulsar el avance de políticas democráticas y sociales en favor de las mayorías y del planeta. SEGUNDA TESIS. EL FUTURO DEL MUNDO: UNIPOLARIDAD, MULTIPOLARIDAD U OTRAS ALTERNATIVAS HASTA AHORA NO PREVISIBLES. En la última década, sobre todo desde el primer período del presidente Trump, se ha fortalecido la tendencia económica e ideológica antiglobalización. Los Estados Unidos, llevados por un nacionalismo radical se alzan contra la globalización que décadas atrás impusieron, y hoy defienden un nacionalismo a ultranza, retomando prácticas similares a la política del gran garrote y la diplomacia de las cañoneras, que ejecutaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta posición, acuerpada por la extrema derecha internacional, enarbola un neoliberalismo radical, complementado con posiciones nacionalistas, guerreristas, antiglobalizadoras y con tendencias neofascistas. En esta opción los Estados Unidos se hacen acompañar de otros países poderosos como Japón, Alemania, Francia e Inglaterra. Frente a ese bloque, existe otro, de reciente formación, integrado por los países que conforman los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), más un amplio número de países y ligas aliadas. En este bloque se asume una diversidad de posiciones con mayor apertura, cuyas características predominantes son: el impulso de la multipolaridad, el restablecimiento de la cooperación internacional de doble vía y el enfrentamiento de los gigantescos desafíos socio-ambientales. En ambas posiciones están repartidas las mayores potencias económicas, científico-tecnológicas y militares. Sin embargo, la dinámica de la política internacional, además de muy compleja, es acelerada, abriendo posibilidad a otras opciones. En momentos recientes ha parecido que una guerra entre las potencias es inevitable, y en otros que el mundo se encamina a una segunda guerra fría; la incertidumbre impera. La suerte no está echada y lo que suceda en el plano internacional en el futuro a corto y mediano plazo alterará la geopolítica planetaria, determinará el rumbo de la gran mayoría de países, incluyendo Honduras, América Central y Nuestra América. Es responsabilidad nuestra prepararnos de cara al futuro. Estar preparados significa hoy, de manera relevante, trazarnos un rumbo compartido para la nación y sentar bases democráticas -esto es, plurales, abiertas y flexibles- que en lugar de debilitarnos fortalezcan nuestra sociedad ante un mundo incierto. TERCERA TESIS. EN HONDURAS LA DEMOCRACIA RETROCEDE A MEDIDA QUE SE AFIANZA UNA OPOSICIÓN FANÁTICA Y ANTIDEMOCRÁTICA, QUE SE PROPONE RECUPERAR EL PODER PERDIDO VALIÉNDOSE DE CUALQUIER MEDIO. En el espacio político hondureño diversos poderes fácticos que desde mucho antes de la transición democrática iniciada en 1982 han ejercido control sobre los partidos tradicionales, actuando junto a nuevos grupos legales e ilegales, se coludieron de nuevo con esos partidos. Esta nueva colusión se inició cuando el partido Libre ganó las últimas elecciones, en 2022. A partir de entonces se ha producido una serie de actuaciones impropias de una oposición democrática y que se conforma más bien como una oposición fanática y antidemocrática dirigida a bloquear las acciones del actual gobierno, puesto que no lo manipulan.   De su actuar se infiere que su propósito es recuperar el control del Estado a más tardar el próximo año. Pretenden obtener el poder ganándolo en elecciones -fraudulentas o no- o arrebatándolo

Las Fuerzas Armadas no cuentan votos: un mandato constitucional

Las Fuerzas Armadas no cuentan votos: un mandato constitucional Las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, generan serios cuestionamientos al solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos correspondientes al nivel presidencial. Su intención es trasladarlas a centros operativos militares y realizar un conteo propio, argumentando que el artículo 272 de la Constitución otorga a las Fuerzas Armadas la facultad para hacerlo.  Esta solicitud, carece de fundamento constitucional y legal porque desnaturaliza el rol encomendado a las Fuerzas Armadas. El artículo 272 de la Constitución de la República y el artículo 1 de la Ley Constitutiva delimitan expresamente la naturaleza y razón de ser de las Fuerzas Armadas definiéndola como una institución nacional de carácter permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante.  En lo referente a “los demás aspectos de la seguridad del proceso” que establece el citado precepto constitucional, debe interpretarse conforme a los principios generales del derecho constitucional, electoral y estándares internacionales, de tal forma, que esos aspectos de la seguridad, son logísticos y operativos. Implica que las Fuerzas Armadas deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para proteger el material electoral (urnas, listados, papeletas, lectores biométricos o actas, etc.) desde su salida del CNE hasta su retorno. Incluyendo medidas de prevención y protección de los centros de votación ante posibles disturbios o actos de violencia y ataques a la infraestructura electoral.  Procesar votos desde los cuarteles es una interpretación extensiva y errónea del artículo 272 constitucional. Con ello, las Fuerzas Armadas se subrogarían atribuciones que no tienen e invadirían el ámbito de atribuciones propias del CNE, generando un conflicto de competencias. Las Fuerzas Armadas deben limitarse a su rol logístico, subordinado al CNE, estrictamente neutral y distante de los partidos políticos en contienda.   El artículo 272 constitucional establece con mucha claridad, la naturaleza y razón de ser de las Fuerzas Armadas, misma que se contrae a las responsabilidades esenciales: Defender la integridad territorial y la soberanía de la República. Esta es una función clásica de defensa nacional, que implica proteger las fronteras, el espacio aéreo y marítimo y responder ante amenazas externas. No incluye funciones de fiscalización electoral. Mantener la paz. Este rol se limita al apoyo en situaciones excepcionales, como desastres naturales o crisis de orden público, siempre bajo estricta subordinación al poder civil y en coordinación con la Policía Nacional. No autoriza acciones de control político ni de supervisión electoral. Mantener el imperio de la Constitución. Las Fuerzas Armadas deben actuar como garantes del orden constitucional, pero nunca como intérpretes ni ejecutores autónomos de la ley. Su rol es de cumplimiento, no de deliberación ni actuación discrecional. Garantizar los principios del libre sufragio. Esta es una de las funciones más sensibles pero delimitadas. El libre sufragio implica neutralidad política absoluta, no interferencia en campañas, ni preferencia por partidos o candidatos. Su papel se limita a la custodia logística del material electoral, sin acceso a actas ni a resultados de algún tipo. El principio de neutralidad institucional está consagrado en la Carta Democrática Interamericana adoptada por la OEA en 2001, que en su artículo 1 establece que la democracia es un derecho de los pueblos de América y un deber de los gobiernos de promoverla y defenderla. Mientras, que el artículo 4 establece, la subordinación constitucional de todas las instituciones a la autoridad civil legalmente constituida y, por ende, al Estado de Derecho.   Garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. Este principio busca evitar la concentración de poder y asegurar la alternancia o renovación democrática de quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas deben respetar los resultados electorales como expresión de la voluntad popular sin intervenir ni condicionar el proceso a intereses ajenos. Entonces, ¿por qué una institución apolítica y no deliberante necesita realizar un conteo paralelo de votos? En el contexto de estas declaraciones no se debe perder de vista la necesidad de revisar el rol de las Fuerzas Armadas. En 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) creada tras el golpe de Estado de 2009, en su informe “Para que los hechos no se repitan” recomendó a los tomadores de decisiones, desmilitarizar el proceso electoral, fortalecer el control civil sobre las FFAA y revisar su rol constitucional en la custodia del material electoral. La intención era clara: evitar que el poder militar se convierta en un actor político como parece ocurrir en la actualidad. La cuestionada solicitud de copia de actas por parte de las Fuerzas Armadas no solo contraviene la Constitución, la Ley Constitutiva y los estándares internacionales en materia electoral, sino que también menoscaba el rol del CNE y la legitimidad de la institucionalidad democrática. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que su voto será respetado si una institución armada ajena al proceso electoral pretende procesar, sistematizar y realizar su propio conteo? ¿Qué pasaría si desde estos centros operativos se difundiera un resultado diferente al del CNE? Ante estos hechos, no cabe duda de que la democracia hondureña enfrenta desafíos estructurales. Es imperativo que el CNE cree condiciones para asegurar el cumplimiento de sus competencias y particularmente, para que las Fuerzas Armadas se mantengan dentro del marco constitucional y legal.  La historia reciente nos ha enseñado que la militarización de la política es incompatible con la democracia. Por eso, hoy más que nunca, debemos asumir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, consistente, en que la normativa marco de regulación de las competencias de las Fuerzas Armadas “debe ser restringida para poder generar una subordinación ante el Poder Civil que no permita al poder castrense el tener poder de decisión unilateral…”. En síntesis, la solicitud que hace el General Hernández no solo es jurídicamente insostenible, sino que violenta el marco constitucional y legal y, por tanto, representa una amenaza al Estado de Derecho, la Democracia y el libre sufragio de la ciudadanía hondureña. Ana A. Pineda H. Especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos