La Mosquitia: Erika Urtecho busca la reelección en un territorio olvidado por el Estado y dominado por el crimen organizado
La Mosquitia es la gran periferia de Honduras: un territorio extenso, multicultural y rico en recursos naturales, pero marcado por el abandono estatal, la pobreza, el aislamiento y la expansión del narcotráfico. En el departamento de Gracias a Dios, donde la baja densidad poblacional permite elegir apenas un diputado o diputada, cada proceso electoral se siente más como una obligación burocrática que como una oportunidad de esperanza democrática.
Este próximo 30 de noviembre, la diputada del Partido Liberal (PL) Erika Urtecho Echeverría buscará su reelección para seguir representando a un departamento donde el Estado llega tarde o no llega; donde las políticas públicas se disuelven entre lagunas, ríos y el mar; y donde la representación política se percibe, a menudo, como algo distante o puro asistencialismo.
La diputación como una herencia política
El ascenso de Erika Urtecho al Congreso Nacional en 2021 estuvo marcado por un hecho trágico. Su madre, la abogada Carolina Echeverría Haylock, de origen misquito y figura prominente del Partido Liberal, fue asesinada en Tegucigalpa mientras aspiraba nuevamente a la diputación. Echeverría había construido una carrera política notable: fue diputada entre 2006 y 2010, secretaria del Congreso, miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidata presidencial en 2016. Su muerte no solo estremeció al partido y la sociedad hondureña, sino que también abrió el camino a la candidatura de su hija.
Erika Urtecho, quien trabajó más de una década en el Banco Central y está casada con el ministro de Educación Daniel Esponda, llegó al Congreso impulsada por un voto que líderes comunitarios describen como “compasivo”, un apoyo destinado a honrar la memoria de su madre. En las primarias de 2025, obtuvo 12,312 votos, una de las cifras más altas dentro del liberalismo, consolidando así su fuerza interna.
En el departamento de Gracias a Dios, la figura del diputado o diputada es casi simbólica. Aunque se realicen algunas gestiones ante el Poder Ejecutivo y se presenten decretos al Congreso Nacional, en la Mosquitia nadie espera demasiado. Para la población, la persona legisladora existe más en papel que en territorio.
En la comunidad de Mistruck, a apenas 30 minutos de Puerto Lempira, cabecera departamental de Gracias a Dios, un joven de 22 años nos confesó que cada cuatro años los políticos aparecen pidiendo el voto y luego desaparecen, mientras el hambre los golpea todos los días.
Esa percepción no es nueva. Décadas de abandono han dejado claro que las prioridades nacionales no incluyen a la Mosquitia. Para muchos de sus habitantes, votar no es un acto libre y esperanzador, sino un gesto casi mecánico dentro de una estructura estatal que no dialoga con ellos, que desconoce su idioma, su cultura y sus necesidades, y que solo los recuerda cuando ocurre una tragedia: el naufragio de embarcaciones pesqueras o las matanzas provocadas por disputas territoriales entre redes criminales.
Una pobreza extrema normalizada
La Mosquitia hondureña sufre una pobreza histórica que se ha convertido en paisaje. Casas de madera sobre polines, techos de palma, cocinas al aire libre, letrinas improvisadas, colchones en el suelo. En la mayoría de las viviendas habitan más de cinco personas, a veces dos familias completas, asegura Omar Palacios, quien ha realizado diversos estudios sociológicos en Gracias a Dios.
El costo de la vida es asfixiante. Un viaje en lancha de Wampusirpe a Puerto Lempira cuesta 1,600 lempiras; un vuelo, 2,000. Para una familia que apenas alcanza a comer, viajar es un lujo inalcanzable. “A veces uno sale porque tenemos un familiar gravemente enfermo. Pero hay familias que no; tienen 4,000 lempiras para el viaje y se mueren en casa”, relató una ama de casa de Wampusirpe.
La oferta laboral tampoco ofrece alternativas. Cuando hay trabajo agrícola, se paga 150 lempiras al día, y no siempre de manera constante. Los productos básicos, transportados desde La Ceiba, cuestan hasta cuatro veces más que en la ciudad.
Para los jóvenes, el horizonte laboral está marcado por una dolorosa contradicción: estudiar es casi imposible; trabajar, casi mortal. A los 13 o 14 años, muchos abandonan la escuela para dedicarse a la pesca de langosta. Jornadas extensas, compresores defectuosos y la falta de regulación han dejado cientos de muertos y miles de buzos con discapacidades permanentes. El “cáncer del mar”, como llaman al desgaste del cuerpo bajo el agua, se ha normalizado tanto como la pobreza.
El Estado permanece ausente, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria que reconoce que ha favorecido a las empresas pesqueras en detrimento del pueblo indígena miskito.
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Si algo ocupa el vacío del Estado en la Mosquitia, es el narcotráfico. Su presencia se percibe en pistas clandestinas, en lanchas rápidas atravesando las lagunas y en grupos armados que circulan sin restricciones. En varias zonas, el narco dicta horarios, rutas y silencios.
“Uno sabe quién manda en cada comunidad. Y no es el gobierno”, afirmó un maestro de Brus Laguna durante una visita realizada por Radio Progreso.
Ese control informal condiciona la vida social y política de la región: afecta el comercio, la movilidad, la seguridad y, en ocasiones, incluso las elecciones. La población vive atrapada entre presiones visibles e invisibles, entre la pobreza extrema y la necesidad de coexistir con quienes ejercen el poder de facto.
La deuda histórica que se repite en cada proceso elección
En los muelles y en las calles, vuelve la misma pregunta de siempre:
¿Para qué elegir un diputado o diputada si la realidad no cambia? “Gracias a Dios sigue igual que siempre: en total descuido, en total abandono”, recuerda Lamec Brown, del Gobierno Autónomo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Mosquitia (GAPIAMH). Para él, ni Carolina Echeverría ni su hija que busca la reelección, han recibido apoyo estatal para resolver problemas estructurales, aunque reconoce que ambas han gestionado constantemente.
“La Mosquitia no quiere discursos. Quiere caminos, educación, salud, transporte accesible. Quiere un Estado que exista más allá de los títulos oficiales”, dijo el dirigente.
Otro líder expresó: “Urtecho solo queda bien con ciertos liderazgos y hace regalías asistencialistas. En el fondo, no hay nada serio”, comenta, resumiendo un sentimiento extendido.
Durante su periodo, Erika Urtecho presentó dos proyectos clave: la creación de cinco nuevos municipios para atender la dispersión territorial y la precariedad presupuestaria, y un fondo permanente para el traslado aéreo de pacientes desde comunidades aisladas. Ninguno de los dos fue aprobado.
Al final, la representación chocó con la burocracia y la indiferencia nacional. Una diputada sola no puede transformar décadas de abandono; pero para muchos en la Mosquitia, tampoco ha sido suficiente su presencia, su gestión ni su compromiso político.
La frustración es tal que sectores indígenas y afrodescendientes comienzan a plantear discusiones más profundas: la necesidad de un régimen de autonomía política y administrativa para Gracias a Dios, al estilo de regiones autogobernadas en otros países.
“Si el Estado no quiere gobernar aquí, tal vez nosotros debamos hacerlo”, sentencia Lamec Brown. No se trata de una propuesta radical; es la conclusión lógica de décadas de abandono.
Mientras Erika Urtecho camina hacia su reelección, la Mosquitia sigue como siempre, sola. El 30 de noviembre, la elección no será solo entre candidaturas. Será un recordatorio de que Honduras mantiene una herida abierta en su frontera noreste: una herida hecha de pobreza, olvido, narcotráfico, aislamiento y de una representación que apenas existe.
La pregunta final no es si Urtecho será reelecta. La pregunta más incómoda es otra: ¿cuándo llegará realmente el Estado de Honduras a la Mosquitia?
Porque mientras no llegue, ningún diputado, liberal, nacionalista o de Libre, podrá cambiar un territorio donde la sobrevivencia ha sido, durante décadas, el único proyecto posible.