Alexander López, el caudillo al mando: 20 años de poder en El Progreso
Alexander López, el caudillo al mando: 20 años de poder en El Progreso El nombre de Alexander López Orellana es muy reconocido no solo en Honduras. La aparición a finales de 2023 en un listado de los corruptos de Centroamérica lo mantuvo en la mira de Estados Unidos, que lo señala por haber diseñado un patrón de corrupción y favoritismo en el otorgamiento de contratos dentro de la municipalidad de El Progreso, Yoro, la cual dirige desde hace casi 20 años. Mucho se ha escrito sobre este personaje. En sus cinco períodos consecutivos al frente de la alcaldía logró pasar de aprendiz del cacique del departamento a convertirse en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El Progreso, Yoro.- En los barrios y colonias del municipio de El Progreso circula un secreto a voces: nada se mueve, ni una hoja de un árbol, sin que el alcalde Alexander López Orellana lo sepa. Además, aplica la sentencia “estás conmigo o contra mí.” Inició en la política treinta años atrás, cuando aún era muy joven. Su liderazgo y capacidad para controlar los espacios rápidamente lo ascendió hasta ubicarse entre las altas autoridades locales del Partido Liberal, su actual casa de afiliación política. Desde que le ofrecieron la alcaldía de este municipio hace 20 años, supo que debía construir su propio poder. Fue así como rápidamente desbancó al eterno diputado por el departamento de Yoro, y expresidente golpista Roberto Micheletti, su antiguo mentor. En varias investigaciones y reportajes se ha revelado el perfil autoritario de este alcalde, comprobando que el manejo de esta alcaldía se realiza en medio de sospechas de corrupción, irregularidades y opacidad, especialmente en el otorgamiento de varios contratos municipales. A finales de 2023, Radio Progreso reveló que los contratos para la reparación de calles y acarreo de material otorgados por López Orellana, despiertan sospechas de favoritismo hacia sus allegados y correligionarios. Es esa sombra de prácticas corruptas que lo coloca, según la Lista Engel-2023, entre las personas más corruptas y antidemocráticas de la región centroamericana. Las sospechas por corrupción de Alexander López han tocado las puertas del Ministerio Público, Operación Odiseo VII en 2019, cuando el Ministerio Público intervino la municipalidad de El Progreso para secuestrar documentación de las oficinas de servicios públicos, contabilidad y tesorería para verificar supuestos actos de corrupción, o la Operación Solidaria en 2020, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó acciones similares para investigar irregularidades en el manejo de fondos destinados a las familias afectadas por la pandemia del Covid-19, la corrupción en esta municipalidad sigue siendo motivo de preocupación. Además, varias auditorías del Tribunal Superior de Cuentas han revelado prácticas poco transparentes durante períodos anteriores, como una realizada entre 2009 y 2014 , que evidencia la falta de arqueos periódicos en los fondos municipales de Caja Chica y Fondo Rotario, la ausencia de firma y aprobación en conciliaciones bancarias por autoridades superiores, y la emisión de cheques a nombre de la Tesorera Municipal para pagos en efectivo. Esta funcionaria habría retirado casi 15 millones de lempiras en un periodo de seis años para supuestas ayudas sociales. El alcalde Alexander López en una actividad proselitista en la ciudad. Fotografía redes sociales Alcaldía progreseña. Una solicitud de acceso a la información pública realizada por este equipo periodístico al Ministerio Público, para conocer el número de denuncias de corrupción contra la Corporación Municipal de El Progreso, fue respondida notificando que, debido al carácter reservado de las investigaciones abiertas, conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal, la información se mantiene en reserva, confirmando, además que existen casos en etapa de investigación. Sin embargo, el Ministerio Público actuó de otra manera cuando se pidió la misma información relacionada a otros alcaldes municipales. En estos casos se nos proporcionó los detalles de las denuncias como: las fechas, los delitos e incluso en poder de qué fiscalía se encuentra cada uno de los casos en investigación. Concentración de poder La gestión de Alexander López significa la concentración casi absoluta del poder en el municipio durante un largo período, lo que se traduce en una visión única sobre las dinámicas municipales. Todo lo relacionado con la infraestructura, el desarrollo urbano y rural es dirigido exclusivamente por él, señala el sociólogo Elvin Hernández. “Los ciudadanos con una lectura más crítica saben que, después de 20 años, mucho poder y riquezas, pero no hay proyectos emblemáticos para este municipio. No existen sistemas de aguas residuales ni proyectos para la recolección de aguas lluvia —aquí llueve apenas 40 minutos y emergen las condiciones de vulnerabilidad acumulada—. Lo mismo ocurre en el ámbito ambiental, todos los humedales de la ciudad han sido puestos en riesgo y no hay una posición de cuidado por parte de la alcaldía que dirige Alexander López”, afirma Hernández. En esa misma línea, la regidora por el Partido Nacional, Kenia Perelló, quien alega haber ganado las pasadas elecciones de 2021 —un triunfo que, según ella, López Orellana arrebató mediante fraude y negaciones políticas— asegura que la concentración de poder del alcalde es tal que ni siquiera a los regidores les entrega el presupuesto anual en físico. “Parece que fuera un secreto de Estado lo que hay dentro de las partidas presupuestarias, sus montos y los principales proveedores del municipio. Todo está en la opacidad”, dice. Para el sociólogo Elvin Hernández es clave la reflexión y participación de la ciudadanía en las próximas elecciones donde Alexander López buscará un sexto mandato. Fotografía ERIC-SJ. En entrevista con este especial periodístico, Perelló afirmó que Alexander López no brinda información porque se cree el “mandamás” de la ciudad. “Como en todas las alcaldías del país, los presupuestos se discuten y aprueban en pleno, y al aprobarse se entrega una copia física. Pero aquí el alcalde mantiene todo en secreto. Es penoso que, a estas alturas del año, nadie sepa a qué responde cada renglón presupuestario. No sabemos cómo monitorear lo ejecutado e incluso desconocemos qué proyectos se han priorizado para 2025”. A los regidores de oposición los
Elecciones entre gritos y algoritmos
Alicia Valdés nos alerta de que estamos viviendo la crisis de la antipolítica de las emociones que nos hace vulnerables a la manipulación del marketing electoral y los algoritmos, que apelan a nuestras reacciones instintivas.
Un llamado a salvar las elecciones
Cuando parecía que las elecciones iban por buen camino, los nubarrones se asoman nuevamente y advierten que si ese camino continúa las elecciones generales están en riesgo extremo.
Celebrar la fiesta en paz
Esto es lo que la inmensa mayoría de la sociedad hondureña desea, vivir la fiesta en paz el 30 de noviembre próximo. Quienes están atizando confrontaciones son unas reducidas minorías
Las Fuerzas Armadas no cuentan votos: un mandato constitucional
Las Fuerzas Armadas no cuentan votos: un mandato constitucional Las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, generan serios cuestionamientos al solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos correspondientes al nivel presidencial. Su intención es trasladarlas a centros operativos militares y realizar un conteo propio, argumentando que el artículo 272 de la Constitución otorga a las Fuerzas Armadas la facultad para hacerlo. Esta solicitud, carece de fundamento constitucional y legal porque desnaturaliza el rol encomendado a las Fuerzas Armadas. El artículo 272 de la Constitución de la República y el artículo 1 de la Ley Constitutiva delimitan expresamente la naturaleza y razón de ser de las Fuerzas Armadas definiéndola como una institución nacional de carácter permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante. En lo referente a “los demás aspectos de la seguridad del proceso” que establece el citado precepto constitucional, debe interpretarse conforme a los principios generales del derecho constitucional, electoral y estándares internacionales, de tal forma, que esos aspectos de la seguridad, son logísticos y operativos. Implica que las Fuerzas Armadas deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para proteger el material electoral (urnas, listados, papeletas, lectores biométricos o actas, etc.) desde su salida del CNE hasta su retorno. Incluyendo medidas de prevención y protección de los centros de votación ante posibles disturbios o actos de violencia y ataques a la infraestructura electoral. Procesar votos desde los cuarteles es una interpretación extensiva y errónea del artículo 272 constitucional. Con ello, las Fuerzas Armadas se subrogarían atribuciones que no tienen e invadirían el ámbito de atribuciones propias del CNE, generando un conflicto de competencias. Las Fuerzas Armadas deben limitarse a su rol logístico, subordinado al CNE, estrictamente neutral y distante de los partidos políticos en contienda. El artículo 272 constitucional establece con mucha claridad, la naturaleza y razón de ser de las Fuerzas Armadas, misma que se contrae a las responsabilidades esenciales: Defender la integridad territorial y la soberanía de la República. Esta es una función clásica de defensa nacional, que implica proteger las fronteras, el espacio aéreo y marítimo y responder ante amenazas externas. No incluye funciones de fiscalización electoral. Mantener la paz. Este rol se limita al apoyo en situaciones excepcionales, como desastres naturales o crisis de orden público, siempre bajo estricta subordinación al poder civil y en coordinación con la Policía Nacional. No autoriza acciones de control político ni de supervisión electoral. Mantener el imperio de la Constitución. Las Fuerzas Armadas deben actuar como garantes del orden constitucional, pero nunca como intérpretes ni ejecutores autónomos de la ley. Su rol es de cumplimiento, no de deliberación ni actuación discrecional. Garantizar los principios del libre sufragio. Esta es una de las funciones más sensibles pero delimitadas. El libre sufragio implica neutralidad política absoluta, no interferencia en campañas, ni preferencia por partidos o candidatos. Su papel se limita a la custodia logística del material electoral, sin acceso a actas ni a resultados de algún tipo. El principio de neutralidad institucional está consagrado en la Carta Democrática Interamericana adoptada por la OEA en 2001, que en su artículo 1 establece que la democracia es un derecho de los pueblos de América y un deber de los gobiernos de promoverla y defenderla. Mientras, que el artículo 4 establece, la subordinación constitucional de todas las instituciones a la autoridad civil legalmente constituida y, por ende, al Estado de Derecho. Garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. Este principio busca evitar la concentración de poder y asegurar la alternancia o renovación democrática de quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas deben respetar los resultados electorales como expresión de la voluntad popular sin intervenir ni condicionar el proceso a intereses ajenos. Entonces, ¿por qué una institución apolítica y no deliberante necesita realizar un conteo paralelo de votos? En el contexto de estas declaraciones no se debe perder de vista la necesidad de revisar el rol de las Fuerzas Armadas. En 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) creada tras el golpe de Estado de 2009, en su informe “Para que los hechos no se repitan” recomendó a los tomadores de decisiones, desmilitarizar el proceso electoral, fortalecer el control civil sobre las FFAA y revisar su rol constitucional en la custodia del material electoral. La intención era clara: evitar que el poder militar se convierta en un actor político como parece ocurrir en la actualidad. La cuestionada solicitud de copia de actas por parte de las Fuerzas Armadas no solo contraviene la Constitución, la Ley Constitutiva y los estándares internacionales en materia electoral, sino que también menoscaba el rol del CNE y la legitimidad de la institucionalidad democrática. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que su voto será respetado si una institución armada ajena al proceso electoral pretende procesar, sistematizar y realizar su propio conteo? ¿Qué pasaría si desde estos centros operativos se difundiera un resultado diferente al del CNE? Ante estos hechos, no cabe duda de que la democracia hondureña enfrenta desafíos estructurales. Es imperativo que el CNE cree condiciones para asegurar el cumplimiento de sus competencias y particularmente, para que las Fuerzas Armadas se mantengan dentro del marco constitucional y legal. La historia reciente nos ha enseñado que la militarización de la política es incompatible con la democracia. Por eso, hoy más que nunca, debemos asumir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, consistente, en que la normativa marco de regulación de las competencias de las Fuerzas Armadas “debe ser restringida para poder generar una subordinación ante el Poder Civil que no permita al poder castrense el tener poder de decisión unilateral…”. En síntesis, la solicitud que hace el General Hernández no solo es jurídicamente insostenible, sino que violenta el marco constitucional y legal y, por tanto, representa una amenaza al Estado de Derecho, la Democracia y el libre sufragio de la ciudadanía hondureña. Ana A. Pineda H. Especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos
Ricardo Cálix: el alcalde considerado “traidor” del pueblo garífuna que pretende reelegirse en Tela, Atlántida
Ricardo Cálix: el alcalde considerado “traidor” del pueblo garífuna que pretende reelegirse en Tela, Atlántida Ricardo Cálix Ruiz nació, creció y recorrió desde muy pequeño las polvorientas calles del barrio La Bahía. Su casa se ubicaba cerca del centro de salud comunitario, colindante con el barrio Buenos Aires, en la comunidad garífuna Durugubuti-Bei Bei, más conocida como San Juan, en el municipio de Tela, Atlántida, zona norte de Honduras. Nacido en la década de los ochenta, Cálix proviene de una familia ganadera. Su padre, el ingeniero Ricardo Cálix Arias, y su madre, Golding Matilde Ruiz, maestra jubilada, eran conocidos en la comunidad. Todavía se recuerdan las historias de cómo los vecinos llegaban a la casa de “los Cálix” para comprar leche, cuajada y mantequilla. Durante su infancia estudió en la escuela Luis Bográn, donde creció aprendiendo y conviviendo en medio de la cultura garífuna. En las comunidades aún se le recuerda como un niño humilde, sociable y llevadero. De hecho, una vecina dijo a Radio Progreso que, entre sus hermanos, Ricardo siempre fue el más carismático, cercano con la gente. Con el paso del tiempo, esas cualidades le valieron el apoyo de los pueblos garífunas de la Bahía de Tela en su carrera política. En el caso de San Juan y Tornabé, aunque muchos habitantes históricamente simpatizaban con el Partido Liberal, el hecho de que Ricardo fuera un hijo de la comunidad bastó para que depositaran en él su confianza durante las elecciones generales de noviembre de 2021. Ese respaldo le permitió llegar a la alcaldía del municipio de Tela, representando al Partido Nacional. Hoy, sin embargo, a viva voz, algunos líderes comunitarios expresan que lamentan esa decisión. El actual alcalde de Tela, Ricardo Cálix Ruiz, aspira a la reelección como candidato del Partido Nacional ¿Un alcalde dueño de tierras ancestrales garífunas? Tanto la comunidad garífuna de San Juan como la de Triunfo de la Cruz, ubicadas en Tela, demandaron al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales y colectivos del pueblo garífuna, entre ellos el derecho a permanecer en su territorio ancestral. En el caso de Triunfo de la Cruz, la Corte IDH, falló a favor de la comunidad en el año 2015, reconociendo “los territorios que fueron otorgados a la comunidad en calidad de dominio pleno y en garantía de ocupación, así como los territorios que el propio Estado reconoció a nivel interno como tradicionales de la comunidad”, según la sentencia. Posteriormente, en 2023, la Corte también falló a favor de la comunidad de San Juan. En su resolución, constató las ventas y adjudicaciones a terceros de tierras reclamadas por la comunidad; la ampliación del radio urbano del municipio de Tela en 1989, que abarcó parte del territorio reconocido por el Estado como ancestral; y la creación del área protegida “Parque Blanca Jeannette Kawas” sobre terrenos pertenecientes a la comunidad. Dicha sentencia creo un conflicto entre el alcalde Ricardo Cálix y la comunidad garífuna donde creció, ya que, para ese momento, Cálix se había convertido en uno de los principales terratenientes del municipio, con propiedades tanto en Tornabé como en San Juan. Según testimonios de pobladores que solicitaron a Radio Progreso permanecer en anonimato por temor a represalias, “poseía una cuarta parte de las mejores tierras de San Juan”. “Él se volvió enemigo de la comunidad porque comenzamos un proceso de recuperación de tierras, no solo en San Juan, sino también en Triunfo de la Cruz”, relató un habitante garífuna. Añadió que, aunque el alcalde prometió proyectos para las comunidades, nunca los cumplió, “en represalia porque estamos recuperando nuestras tierras”, aseguró el líder comunitario. Otra pobladora, que también solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que tienen conocimiento de terrenos adquiridos por el alcalde en la zona de las Lagunas de Los Micos, en Tornabé, así como de otro lote colindante con el complejo turístico Honduras Shores Plantation, el cual habría sido vendido por 14 millones de lempiras, sin informar a la comunidad, pese a tratarse de tierras de carácter comunitario. La pobladora se refiere a la venta realizada por Ricardo Cálix Arias, padre del alcalde Ricardo Cálix, de un terreno de 42.8 manzanas, valorado en L. 12,780,134.25, a favor de Sally Jeannette Navarrete Cantarero de Metrovic. Dichos terrenos han sido reclamados por la comunidad garífuna de San Juan. El otro terreno en disputa se ubica en el kilómetro 4, en la comunidad garífuna de Tornabé. Registros de la Ofraneh indican que el alcalde Ricardo Ruiz vendió en abril de 2015 unas 45 hectáreas de tierras a Ramón Murillo Acosta por un valor de L. 700,000.00. Actualmente, ese terreno figura hipotecado en el Banco de Occidente por un monto de L. 2,000,000.00. Algunos pobladores relatan que, tanto en San Juan como en otras zonas, el alcalde y su madre aún poseen propiedades. Sin embargo, señalan que con el tiempo han ido vendiendo las tierras que ancestralmente pertenecen al pueblo garífuna, para adquirir otras en municipios cercanos. “Nosotras esperábamos que, por amor a la comunidad, no se iba a prestar a negociar nuestras tierras con los terceros, permitiendo que se les extendiera un dominio pleno, dando permisos de construcción cuando sabía que había una demanda contra el Estado, para que al momento de indemnizarlos verse más beneficiados”, afirmó. Los pobladores garífunas lo consideran como un traidor, porque, siendo hijo de la comunidad San Juan, y sabiendo de las ambiciones que existen para esas tierras comunales y ancestrales, se prestó para venderlas. “Por eso las recuperamos, incluyendo las que él tenía”, dijo otro poblador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Honduras internacionalmente responsable por la violación de los derechos fundamentales del pueblo garífuna. Un pueblo amenazado y asesinado por defender su territorio La Bahía de Tela está conformada por las comunidades garífunas de Barra Vieja, Río Tinto, Tornabé, San Juan, La Ensenada, Miami y Triunfo de la Cruz. Estos territorios ancestrales han
La Unión, Copán: el poder minero se impone sobre el municipal
La Unión, Copán: el poder minero se impone sobre el municipal Más allá del nombre de la persona al frente de la alcaldía de La Unión, Copán, quien realmente ejerce el control en esta zona occidental de Honduras es la empresa Minerales del Occidente S.A. (MINOSA), que durante más de 40 años se ha consolidado como la autoridad dominante, coinciden analistas. Ninguna institución queda fuera de su influencia; todas las resoluciones y acciones están manipuladas por lo que se ha convertido en la “mandamás” de la región. Por más de 40 años, la vida del municipio de La Unión, Copán, en el occidente de Honduras, ha estado marcada por la presencia de una mina que llegó prometiendo generación de empleos y proyectos para las comunidades. Cuatro décadas después, el resultado se centra en ríos contaminados, la destrucción de las montañas, un camposanto dinamitado y una institucionalidad local y nacional al servicio de la empresa de capital transnacional. En 1983, el gobierno de Honduras otorgó una concesión de explotación a Minerales de Occidente (hoy MINOSA) para la mina San Andrés en Copán, una concesión que incluía el derecho a extraer oro y otros minerales en un área de 100 hectáreas. Este contrato, que en un principio fue aprobado por un período de 40 años, sentó las bases para una industria minera más formalizada en la región, pero también trajo consigo una serie de problemas para las comunidades aledañas y el medio ambiente. Minerales de Occidente (MINOSA), subsidiaria de Aura Minerals desde 1998, ha operado la mina a cielo abierto San Andrés y desde entonces se ha convertido en la “todo poderosa” del municipio, controlando las acciones y decisiones de la corporación municipal. En los últimos ocho años, el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, de afinidad nacionalista, ha sido un fiel representante de la empresa, incluso excluyendo a comunidades como Azacualpa, que denuncian los daños generados en la zona. Víctor Hugo, nacido en La Unión, inició en la vida política bajo el liderazgo nacionalista que años atrás encabezaba Juan Orlando Hernández. En el actual proceso electoral, busca un tercer mandato en el movimiento de Nasry Asfura prometiendo una vez más generación de proyectos benefactores para las comunidades. Javier Madrid, habitante de Azacualpa, señaló que el comportamiento del alcalde es similar al de otros políticos de la zona que defienden los intereses de la mina y son flexibles en la entrega del territorio Maya-Chortí. Momentos en los que empleados de MINOSA, con el aval de la alcaldía realizan exhumaciones en el cementerio de La Unión. “Somos un municipio que sobrevive de la siembra de granos básicos, hortalizas y café, pero esta alcaldía sigue apostando a la minería, a pesar de la destrucción demostrada durante todos estos años. No hay apoyo al campo, estamos abandonados”, comentó Javier. Para él, el alcalde simplemente sigue las líneas de funcionarios anteriores, poniendo a disposición de la empresa minera un territorio donde se han desplazado comunidades, destruido el ambiente y dividido a sus habitantes. Ante cualquier reclamo, la amenaza es que, si la mina se va, se pierde el empleo y el desarrollo en la región. En el caso concreto de Víctor Hugo, se le reprocha haber permitido que la empresa dinamite un cementerio de más de 200 años en Azacualpa, en una acción que desobedeció una orden de la Corte Suprema de Justicia que protegía ese patrimonio cultural del pueblo Maya-Chortí. “Todos saben que él era alcalde cuando vendió el camposanto. No le importó que vecinos pedíamos respeto para este lugar sagrado. Nos ignoró, como sigue haciendo, pero eso no detendrá nuestro rechazo hacia un proyecto que sigue generando dolor y muerte para nuestro pueblo”, afirma Javier. La protección y colusión del alcalde con la empresa minera es tan fuerte que, en 2024, en su segundo mandato, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia presentó antejuicio contra cinco miembros de la Corporación Municipal que él dirige. El Ministerio Público informó que los antejuiciados son el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, la vicealcaldesa Sonia María Lara Tábora, y los regidores Henry Milton Tábora Chinchilla, Rafael López Guevara y Fernando Trigueros Pérez, por el presunto delito de incitación a la discriminación contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Lea denuncia completa: Ministerio Público presenta antejuicio contra alcalde y regidores de La Unión, Copán por incitar a la discriminación Según investigaciones, Víctor Hugo y la corporación municipal decidieron por unanimidad declarar «NON GRATOS» a organizaciones sociales como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ASONOG, CIPRODEH y sus representantes legales. Esto ocurrió cuando las organizaciones acompañaban a las comunidades en su rechazo a la destrucción del cementerio, exigiendo a la municipalidad detener las exhumaciones en Azacualpa. Para el abogado Lester Castro, del equipo jurídico del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la permanencia del alcalde Víctor Hugo en la alcaldía garantiza que La Unión siga siendo un municipio minero, donde diversos actores económicos y políticos se ponen al servicio de la empresa, aplastando cualquier oposición o denuncia contra las violaciones cometidas por MINOSA. “En esta región del occidente, otro actor clave son las empresas que prestan servicios a la minera, ya que la mayoría están ligadas a regidores y diputados, además de las vinculadas al entorno del alcalde”, señaló Lester. En el 2021 el Instituto de Acceso a la Información Pública entregó reconocimiento al alcalde por la actualización completa de la información en el Portal Único de Transparencia La alcaldía, dirigida por Víctor Hugo, se ha convertido en la tramitadora de la empresa minera que realmente es quien gobierna la zona. “En 2021, la Sala Constitucional de la Corte de Justicia admitió un amparo para detener las exhumaciones que se realizaban en el cementerio. Sin embargo, el alcalde, como buen tramitador, se presentó junto a un grupo de habitantes ante un Juzgado de Letras en Santa Rosa de Copán para oponerse a la decisión del máximo órgano
Entre denuncias de corrupción y críticas por populismo, Roberto Contreras busca su reelección en San Pedro Sula
Entre denuncias de corrupción y críticas por populismo, Roberto Contreras busca su reelección en San Pedro Sula El Ministerio Público mantiene 10 líneas de investigación contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, por presuntos delitos de trata de personas, fraude y lavado de activos. Roberto Contreras se encuentra en plena carrera por la reelección como alcalde de San Pedro Sula. Sin embargo, su aspiración se ve ensombrecida por múltiples denuncias de presuntas irregularidades en la administración de la llamada “Capital Industrial de Honduras”, una ciudad que, pese a su importancia económica, sigue siendo epicentro de pobreza, desempleo e inseguridad. Aun así, Contreras ha logrado proyectar una imagen mediática cuidadosamente construida, presentándose como un “político honesto y trabajador”, en evidente contraste con los cuestionamientos de sectores de oposición. Actualmente preside el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y es considerado por sus correligionarios como un político con proyección presidencial. Sin embargo, su camino podría verse obstaculizado por investigaciones por presuntos actos de corrupción, entre ellos el posible desvío de 45 millones de lempiras, caso que involucra directamente a su yerno, Steve Fajardo, actualmente prófugo de la justicia. Su trayectoria política Roberto Contreras, propietario de la cadena de restaurantes Power Chicken, es relativamente nuevo en la política partidaria. Su primera participación fue como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula en las elecciones primarias de marzo de 2021, dentro de la corriente de Yani Rosenthal en el Partido Liberal (PL). Sin embargo, apenas dos meses antes de los comicios presentó su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sorpresivamente, anunció su regreso al escenario político y, el 31 de mayo del mismo año, presentó una nueva solicitud de inscripción ante el CNE, esta vez como candidato independiente. A pesar de haber estado previamente inscrito en otro partido, el ente electoral aceptó su candidatura. En octubre de 2021, renunció nuevamente a la candidatura independiente y solicitó al CNE ser inscrito como candidato de una alianza entre Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Omar Menjívar y Julio Montessi, representantes de ambas fuerzas, cedieron sus aspiraciones a Contreras con el objetivo de sacar del poder al alcalde nacionalista Armando Calidonio, vinculado por algunos sectores con actividades del crimen organizado. Contreras presentó oficialmente la solicitud de inscripción de la alianza el 20 de octubre, pero a finales de ese mes el CNE anunció que no podía registrarlo, debido a que ya había sido inscrito en dos ocasiones. En su lugar, el partido LIBRE inscribió a su hermano Rolando Contreras para la planilla de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Tras el triunfo electoral, Rolando renunció y cedió el cargo a Roberto Contreras, quien asumió finalmente la alcaldía. Esa inestabilidad política lo coloca como un político tránsfuga, quien abandona corrientes y partidos políticos según sus intereses personales. De cara a las elecciones del 30 de noviembre, el clan político de Contreras busca consolidar su influencia: su esposa, Zoila Santos, aparece como candidata a diputada al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el Partido Liberal en la casilla 7; su yerno, Steve Fajardo, acusado por presunta corrupción, figura como diputado suplente al PARLACEN; y su hermano Rolando Contreras se postula como candidato a diputado por Cortés bajo el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Roberto Contreras es considerado por sus opositores como un político inestable y tránsfuga, que cambia de partido y de corriente según sus intereses personales. ¿La denuncia de corrupción opacará la reelección? El mayor escándalo que enfrenta Roberto Contreras es el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) el 22 de septiembre de 2025, en el que se señala a una presunta red de corrupción dentro de la alcaldía de San Pedro Sula, responsable de un desfalco de 45.5 millones de lempiras entre julio de 2023 y abril de 2024. La acusación involucra contratos fraudulentos, tráfico de influencias y lavado de activos, vinculando a 14 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, destacando de manera prominente a Steve Fajardo Vargas, yerno y asesor de Contreras. Fajardo fue señalado por la Secretaría de Seguridad como uno de los presuntos cerebros del fraude, y sobre él se emitió una alerta internacional de Interpol. Contreras, por su parte, aseguró que la acción judicial responde a una estrategia política orquestada por figuras de LIBRE. “Esto tiene que ver con el proceso electoral en curso y se trata de una maniobra para debilitar mi candidatura y la del Partido Liberal. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con total transparencia”, declaró a medios de comunicación. El alcalde también cuestionó la imparcialidad del Ministerio Público, señalando que casos como el de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se denunciaron irregularidades, “duermen el sueño de los justos” por involucrar a funcionarios afines al gobierno. Sin embargo, las investigaciones del MP señalan que los implicados suscribieron 33 contratos irregulares con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados a proyectos de mejoramiento vial que, en su mayoría, nunca se ejecutaron o carecen de evidencia de avance. La Fiscalía considera que este caso constituye una de las operaciones de corrupción municipal más graves de los últimos años, al evidenciar una estructura coordinada para desviar fondos públicos, simular procesos de contratación y blanquear dinero en perjuicio de la ciudad. “Sé que los hechos por los cuales el Ministerio Público ha presentado acusaciones son reales. Este tipo de prácticas son casi normalizadas en muchas instituciones cuando se trata de contrataciones”, señaló el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar. Menjívar agregó que, dado que los contratos fueron firmados por el alcalde, “no puede decir que no sabía que estaba firmando contrato al tío de su yerno”, haciendo énfasis en la cercanía de Contreras con Steve Adolfo Fajardo Vargas, esposo de su hija. Esta denuncia de corrupción no es solo ruido político; representa un cuestionamiento serio a la credibilidad y transparencia de Contreras como funcionario público. En un contexto de crisis institucional, la ciudadanía se enfrenta a la disyuntiva de elegir a un alcalde cuestionado o