Secretaría de Gobernación transfirió más de 70 millones de lempiras a ONG en seis meses
Secretaría de Gobernación transfirió más de 70 millones de lempiras a ONG en seis meses Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE) recibió más 70.7 millones de lempiras en transferencias provenientes de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB), según registros oficiales revisados por Radio Progreso. Las asignaciones se ejecutaron bajo el renglón de Transferencias al Sector Público, Privado y Externo de la Secretaría de Gobernación, fondos que fueron gestionados por diputados y diputadas del Congreso Nacional. Según los cuadros publicados en el portal de transparencia de la Secretaría de Gobernación, diciembre de 2024 fue el mes con mayor flujo de transferencias para MUE, la organización recibió 11 transferencias, acumulando un total de 60 millones 150 mil 256 lempiras. Los registros también muestran que, entre el siete y el 21 de abril de 2025, MUE aparece registrada en cinco transferencias que suman 8 millones 662 mil 530 lempiras. En el 11 de junio de 2025, la Secretaría de Gobernación registró una nueva transferencia a MUE por un monto de un millón 950 mil lempiras En total, las transferencias identificadas para MUE, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, ascienden a 70 millones 762 mil 786 lempiras. Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no detalla los proyectos, tampoco aparecen los informes de auditoría o liquidaciones vinculadas a las transferencias realizadas a MUE. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la Secretaría de Gobernación transfirió más de 70 millones de lempiras a la ONG MUE Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la Secretaría de Gobernación transfirió más de 70 millones de lempiras a la ONG MUE Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la Secretaría de Gobernación transfirió más de 70 millones de lempiras a la ONG MUE Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la Secretaría de Gobernación transfirió más de 70 millones de lempiras a la ONG MUE En septiembre de 2025, Radio Progreso solicitó información pública a la Secretaría de Gobernación para conocer las liquidaciones de los fondos asignados a MUE, gestionados por diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), puesto que las listas reveladas por el Congreso Nacional indican que los proyectos gestionados por los congresistas de ese partido político fueron ejecutados por dicha ONG. En respuesta a la solicitud, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación argumentó que de los fondos que destina anualmente el Congreso Nacional para proyectos de infraestructura menor y obras sociales, “la SEGOB como ente seleccionado, no decide discrecionalmente sobre la ejecución de los desembolsos, asimismo, no asigna, no ejecuta, ni fiscaliza en campo obras de infraestructura menor o proyectos sociales por cuenta propia”. Confidencialidad limita información de los proyectos En comunicación vía WhatsApp con Radio Progreso, la apoderada legal de la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), Haydee Rodas, aseguró que varios de los proyectos aún se encuentran en ejecución, mientras que otros están en la fase de cierre y elaboración de informes. Rodas señaló que la Secretaría de Gobernación y Justicia es la indicada de proporcionar la información oficial de los proyectos, puesto que como ONG “estamos limitados por cláusulas de confidencialidad”. La abogada afirmó que, una vez finalizado el proceso de entrega de informes y las subsanaciones que fueran necesarias, “podríamos brindar información oficial”. – ¿Puede facilitarme una entrevista encaminada a consultarle cuántos fondos han administrado y cuántos proyectos se han realizado? “Como vuelvo y le repito, al momento de concluir los procesos estaríamos en toda la disposición de brindarles la entrevista”, respondió la abogada Rodas. Tras la difusión de videos protagonizados por la diputada Isis Cuellar y el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, que evidencian el presunto desvío de fondos con fines partidarios, el Congreso Nacional publicó las listas de proyectos gestionados por los legisladores con recursos del Fondo de Administración Solidaria. La documentación oficial revela que la mayoría de los proyectos gestionados por diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) fueron administrados por la ONG Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), mediante transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación y Justicia. Entre los legisladores figura Eduardo Díaz, diputado suplente por Yoro y actual candidato a alcalde de El Progreso, cuyas gestiones superan los seis millones de lempiras, monto que fue manejado por MUE. En entrevista con Radio Progreso, el diputado Eduardo Díaz afirmó haber gestionado 6.5 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria durante 2024, recursos que se traducen en 18 proyectos comunitarios en diferentes sectores de El Progreso, y asegura que todas las obras están “finalizadas, entregadas y liquidadas” ante la Secretaría de Gobernación y Justicia. Díaz explicó que los fondos nunca pasan por cuentas personales de los congresistas, sino que se administran desde la Secretaría de Gobernación a través de organizaciones o empresas que licitan los proyectos. Uno de los proyectos que generó dudas, durante la verificación de las obras realizada por Radio Progreso, fue la construcción de un parque, valorado en 350 mil lempiras, que originalmente estaba programado para el Campo La Fragua y trasladado a Campo Múcula por falta de espacio. En ese sentido Díaz indicó que “la ley permite hacer cambios siempre que se respeten el monto y las dimensiones”. Otro proyecto que llamó la atención es el alumbrado para la cancha fútbol en la colonia San Jorge de Urraco Pueblo, puesto que durante la verificación en la zona se observó que no existía la iluminación. Díaz afirmó que los fondos se reorientaron a la colonia San Antonio, en El Progreso, ya que la zona de Urraco Pueblo no cuenta con el voltaje necesario y requería inversiones superiores a 2 millones de lempiras, el proyecto se declaró inviable. El proyecto de iluminación del campo de fútbol en Urraco Pueblo fue trasladado a la colonia San Antonio, en El Progreso. Consultado sobre las denuncias contra MUE, por su presunta cercanía con el Partido Libre y por no contar con oficinas visibles, el diputado Díaz respondió que “Gobernación es
La Mosquitia: Erika Urtecho busca la reelección en un territorio olvidado por el Estado y dominado por el crimen organizado
La Mosquitia: Erika Urtecho busca la reelección en un territorio olvidado por el Estado y dominado por el crimen organizado La Mosquitia es la gran periferia de Honduras: un territorio extenso, multicultural y rico en recursos naturales, pero marcado por el abandono estatal, la pobreza, el aislamiento y la expansión del narcotráfico. En el departamento de Gracias a Dios, donde la baja densidad poblacional permite elegir apenas un diputado o diputada, cada proceso electoral se siente más como una obligación burocrática que como una oportunidad de esperanza democrática. Este próximo 30 de noviembre, la diputada del Partido Liberal (PL) Erika Urtecho Echeverría buscará su reelección para seguir representando a un departamento donde el Estado llega tarde o no llega; donde las políticas públicas se disuelven entre lagunas, ríos y el mar; y donde la representación política se percibe, a menudo, como algo distante o puro asistencialismo. La diputación como una herencia política El ascenso de Erika Urtecho al Congreso Nacional en 2021 estuvo marcado por un hecho trágico. Su madre, la abogada Carolina Echeverría Haylock, de origen misquito y figura prominente del Partido Liberal, fue asesinada en Tegucigalpa mientras aspiraba nuevamente a la diputación. Echeverría había construido una carrera política notable: fue diputada entre 2006 y 2010, secretaria del Congreso, miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidata presidencial en 2016. Su muerte no solo estremeció al partido y la sociedad hondureña, sino que también abrió el camino a la candidatura de su hija. Erika Urtecho, quien trabajó más de una década en el Banco Central y está casada con el ministro de Educación Daniel Esponda, llegó al Congreso impulsada por un voto que líderes comunitarios describen como “compasivo”, un apoyo destinado a honrar la memoria de su madre. En las primarias de 2025, obtuvo 12,312 votos, una de las cifras más altas dentro del liberalismo, consolidando así su fuerza interna. En el departamento de Gracias a Dios, la figura del diputado o diputada es casi simbólica. Aunque se realicen algunas gestiones ante el Poder Ejecutivo y se presenten decretos al Congreso Nacional, en la Mosquitia nadie espera demasiado. Para la población, la persona legisladora existe más en papel que en territorio. En la comunidad de Mistruck, a apenas 30 minutos de Puerto Lempira, cabecera departamental de Gracias a Dios, un joven de 22 años nos confesó que cada cuatro años los políticos aparecen pidiendo el voto y luego desaparecen, mientras el hambre los golpea todos los días. Esa percepción no es nueva. Décadas de abandono han dejado claro que las prioridades nacionales no incluyen a la Mosquitia. Para muchos de sus habitantes, votar no es un acto libre y esperanzador, sino un gesto casi mecánico dentro de una estructura estatal que no dialoga con ellos, que desconoce su idioma, su cultura y sus necesidades, y que solo los recuerda cuando ocurre una tragedia: el naufragio de embarcaciones pesqueras o las matanzas provocadas por disputas territoriales entre redes criminales. La Mosquitia, en Gracias a Dios, es un territorio extenso y mayoritariamente miskito, históricamente abandonado por el Estado y marcado por la presencia de empresas pesqueras y el narcotráfico. Una pobreza extrema normalizada La Mosquitia hondureña sufre una pobreza histórica que se ha convertido en paisaje. Casas de madera sobre polines, techos de palma, cocinas al aire libre, letrinas improvisadas, colchones en el suelo. En la mayoría de las viviendas habitan más de cinco personas, a veces dos familias completas, asegura Omar Palacios, quien ha realizado diversos estudios sociológicos en Gracias a Dios. El costo de la vida es asfixiante. Un viaje en lancha de Wampusirpe a Puerto Lempira cuesta 1,600 lempiras; un vuelo, 2,000. Para una familia que apenas alcanza a comer, viajar es un lujo inalcanzable. “A veces uno sale porque tenemos un familiar gravemente enfermo. Pero hay familias que no; tienen 4,000 lempiras para el viaje y se mueren en casa”, relató una ama de casa de Wampusirpe. La oferta laboral tampoco ofrece alternativas. Cuando hay trabajo agrícola, se paga 150 lempiras al día, y no siempre de manera constante. Los productos básicos, transportados desde La Ceiba, cuestan hasta cuatro veces más que en la ciudad. Para los jóvenes, el horizonte laboral está marcado por una dolorosa contradicción: estudiar es casi imposible; trabajar, casi mortal. A los 13 o 14 años, muchos abandonan la escuela para dedicarse a la pesca de langosta. Jornadas extensas, compresores defectuosos y la falta de regulación han dejado cientos de muertos y miles de buzos con discapacidades permanentes. El “cáncer del mar”, como llaman al desgaste del cuerpo bajo el agua, se ha normalizado tanto como la pobreza. El Estado permanece ausente, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria que reconoce que ha favorecido a las empresas pesqueras en detrimento del pueblo indígena miskito. Vea también: https://mosquitia.radioprogresohn.net/ Si algo ocupa el vacío del Estado en la Mosquitia, es el narcotráfico. Su presencia se percibe en pistas clandestinas, en lanchas rápidas atravesando las lagunas y en grupos armados que circulan sin restricciones. En varias zonas, el narco dicta horarios, rutas y silencios. “Uno sabe quién manda en cada comunidad. Y no es el gobierno”, afirmó un maestro de Brus Laguna durante una visita realizada por Radio Progreso. Ese control informal condiciona la vida social y política de la región: afecta el comercio, la movilidad, la seguridad y, en ocasiones, incluso las elecciones. La población vive atrapada entre presiones visibles e invisibles, entre la pobreza extrema y la necesidad de coexistir con quienes ejercen el poder de facto. La pesca de langosta, caracol y pepino de mar es la única fuente de ingreso en la Mosquitia, pero entre 4 y 6 mil buzos han quedado con secuelas físicas y cientos han perdido la vida por el síndrome de descompresión. La deuda histórica que se repite en cada proceso elección En los muelles y en las calles, vuelve la misma pregunta de siempre: ¿Para qué elegir un diputado o diputada si la realidad no cambia? “Gracias a Dios
Bader Dip: en busca de la reelección pese a denuncias por proyectos sobrevalorados en La Ceiba, Atlántida
Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña Bader Abraham Dip Alvarado se desempeña actualmente como alcalde de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Con casi dos décadas de carrera política, se ha consolidado como uno de los principales representantes del Partido Liberal en esta región del país. De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, Dip busca la reelección para un segundo mandato en la ciudad conocida como “La Novia de Honduras”. Sin embargo, su gestión municipal, marcada por un discurso centrado en la recuperación financiera, el impulso a la infraestructura y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ha estado acompañada de fuertes cuestionamientos ciudadanos, investigaciones por presunta corrupción y decisiones financieras que han generado malestar social y desconfianza entre la población ceibeña. Un político marcado por el escándalo y la concentración de pode Bader Dip, ingeniero y empresario del sector de las telecomunicaciones, busca proyectarse en la contienda electoral como un candidato fuerte. En su discurso, no pierde oportunidad para atribuir el estancamiento municipal a las administraciones anteriores, encabezadas por el Partido Nacional. Su trayectoria política se encuentra respaldada por una estructura familiar consolidada, que ha ganado influencia en la vida política del país con el paso de los años. Entre sus principales aliados figura su hermana Carla Dip, actual diputada del Congreso Nacional, así como diversos medios de comunicación regionales, propiedad de su familia, entre ellos Teleceiba. Esta red de poder familiar ha despertado cuestionamientos en torno a la concentración del poder político, el clientelismo y el control territorial en el departamento de Atlántida. No obstante, pese a su influencia y los recursos mediáticos a su disposición, Dip Alvarado no ha logrado disimular el creciente malestar ciudadano. La trayectoria de Dip dentro del Partido Liberal de Honduras incluye su elección como diputado del Congreso Nacional para el período 2018–2022. Durante su gestión legislativa, promovió proyectos de desarrollo local, especialmente en el ámbito portuario y de infraestructura vial. No obstante, su paso por el Congreso también estuvo marcado por controversias. En 2020 protagonizó un incidente de tránsito junto a una diputada de su mismo partido; según testigos, el entonces legislador habría realizado disparos al aire en aparente estado de ebriedad, hecho que generó amplias críticas en la opinión pública. Bader Dip busca la reelección para un segundo mandato en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Gestión municipal: finanzas saneadas, pero con gastos cuestionables Al asumir la alcaldía el 25 de enero de 2022, Bader Dip heredó una municipalidad con una deuda superior a 1,300 millones de lempiras, compuesta por compromisos financieros y demandas de proveedores, según informes oficiales. Su promesa fue clara: reordenar las finanzas municipales, aumentar la recaudación y ejecutar proyectos de infraestructura. Para el año 2025, la alcaldía ha ejecutado un presupuesto de 641 millones 712 mil 296 lempiras, del cual, según informó el gerente financiero municipal Saúl Salgado, se destinarían 269 millones a proyectos de infraestructura. De estos, 14 millones serían para pavimentación, 30 millones para la ampliación del bulevar del Este, y 5 millones para construir una calle conexa a la carretera CA-13. Para la ciudadanía, el orden financiero ha sido uno de los aciertos más visibles de la administración de Dip. Jorge Romero, vecino de La Ceiba, señaló: “Recordemos que venimos de aproximadamente 8 a 12 años de gobiernos nacionalistas, caracterizados por el endeudamiento de la municipalidad. Él ha logrado reconstruir los pagos y cumplir con los salarios de los empleados municipales”. Sin embargo, el respiro que experimentaron las finanzas municipales fue aprovechado por el alcalde y sus regidores para aprobar, en enero de 2024, un fondo rotatorio de L 80,000 mensuales para el alcalde y L 40,000 para cada regidor. Este fondo proyecta un desembolso de más de 11 millones de lempiras entre 2024 y 2025. Solo para 2025, se presupuestaron 5 millones 760 mil lempiras en el Plan de Inversión, bajo la partida «Subsidios para Fondos Rotatorios». La medida generó críticas por su aparente discrecionalidad. Sectores como MOSO advierten que estos recursos podrían ser utilizados con fines electorales, poniendo en riesgo la transparencia de la gestión. “Si bien los fondos rotatorios tienen carácter legal, el problema radica en los procesos de rendición de cuentas de estos fondos, que en el pasado ya han generado serias dudas sobre su uso”, dijo para el especial Bajo la Lupa de Radio Progreso, Osman Suazo, del Movimiento Social Organizado (MOSO), quien fue integrante de la Comisión Municipal de Transparencia. Dip representa a una de las familias más influyentes de la ciudad, con poder político y mediático. Investigaciones anticorrupción: señalamientos y procesos abiertos La gestión de Bader Dip no ha estado exenta de cuestionamientos por supuestos casos de corrupción. Tanto el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) han investigado irregularidades en la adjudicación de obras y contratos municipales. Uno de los casos más relevantes denunciados por el CNA involucra el proyecto de mantenimiento del relleno sanitario municipal. La adjudicación de este proyecto a empresas no calificadas estaría vinculada a posibles delitos de fraude y abuso de autoridad, por un monto superior a los 21 millones de lempiras. En otro caso, el alcalde Bader Dip y su vicealcalde Alejandro Canelas fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público en calidad de investigados por la FETCCOP, en relación con varios contratos adjudicados al exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), José Rosario Bonano, sin cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, según el requerimiento del Ministerio Público (MP). Hasta la fecha, no se han registrado sentencias firmes; sin embargo, estos casos han generado en la ciudadanía sospechas sobre la transparencia de la gestión y dudas sobre el uso de los fondos públicos. Lea también: https://www.mp.hn/publicaciones/citan-al-alcalde-y-regidores-por-adjudicacion-de-contratos-a-favor-de-exministro-jose-rosario-bonano/ ¡Trancazo vehicular! Una promesa de campaña incumplida Otra medida controversial impulsada por Bader Dip fue el aumento de la Tasa Municipal Vehicular, aprobado durante su mandato y
Corrupción, deforestación y amenazas: el complejo legado de Aníbal Alvarado en Santa Rosa de Copán
Corrupción, deforestación y amenazas: el complejo legado de Aníbal Alvarado en Santa Rosa de Copán Aníbal Alvarado Erazo, alcalde de Santa Rosa de Copán, ha estado en el centro de múltiples señalamientos de corrupción durante sus cuatro períodos consecutivos al frente de la alcaldía. Las denuncias y la solicitud de antejuicio en su contra evidencian una problemática profunda y persistente en la gestión municipal bajo su mandato, con impactos negativos en la gobernabilidad de esta ciudad. En los últimos años, el nombre de Aníbal Alvarado Erazo ha resonado con mucha fuerza en el ámbito nacional. Este alcalde de la ciudad de Santa Rosa es investigado por supuestos vínculos con redes de corrupción que están destruyendo los recursos naturales en su afán de expandirse en este municipio del departamento de Copán. Por cuarto período consecutivo, Aníbal Alvarado ha dirigido la alcaldía de Santa Rosa, la capital del occidente de Honduras, una de las ciudades más importantes debido a su ubicación y por la conexión entre las diferentes regiones del occidente del país. El municipio es paso obligado para las personas que vienen de Guatemala o El Salvador y que entran por las fronteras El Poy y Agua Caliente. En su carrera por continuar en la silla municipal, el alcalde ha estado en el centro de la polémica. A inicios de 2025, siendo precandidato por el movimiento liberal de Jorge Cálix, recibió una serie de ataques del actual candidato a la presidencia Salvador Nasralla. En un acto proselitista, Nasralla acusó al alcalde Aníbal de pertenecer al crimen organizado y de que dentro de su alcaldía se cometían actos de corrupción. Indignado por tales acusaciones, Aníbal Alvarado contestó tajante: “Nasralla habla incoherencias. Es una persona bipolar que me acusa porque no quise aceptar pertenecer a su movimiento. Por sus acusaciones le doy 24 horas para que me compruebe todo lo que ha dicho en mi contra. Que me compruebe que soy delincuente”, dijo. Después de las elecciones internas, Aníbal consolidó su poder en el municipio y Nasralla se convirtió en candidato oficial a la presidencia por el liberalismo. En cuestión de instantes se tragaron sus palabras y todas las acusaciones pasaron a segundo plano; allí comenzaron a hacer campaña juntos de cara a las elecciones generales. Tras semanas de acusaciones cruzadas, el alcalde Aníbal Alvarado y Salvador Nasralla terminaron alineados políticamente después de las internas de 2025. Las acusaciones contra Aníbal aumentaron. En julio de 2025, el medio InSight Crime reveló que el alcalde Alvarado encabeza una amplia red de corrupción integrada por actores poderosos que se han beneficiado de la expansión de la ciudad a costa de los recursos naturales. Se aseguró que Alvarado y otros empleados municipales entregan licencias y permisos de construcción a cambio de sobornos, terrenos y otros beneficios económicos. La denuncia es más grave. Se vincula al funcionario y varios de sus empleados a las amenazas de muerte contra el defensor ambiental Ramiro Lara, quien denunció de forma permanente la venta de áreas por la alcaldía de Santa Rosa. “Lara había dedicado tiempo a denunciar un aumento pronunciado de la deforestación en el municipio y sus alrededores, especialmente en una zona conocida como ‘El Carrizal’. Allí, miembros de la comunidad le habían pedido ayuda para presentar una denuncia contra un terrateniente que talaba árboles cerca de una microcuenca llamada ‘La Hondura’, la cual, según los activistas locales, abastece de agua a cerca del 25% de la ciudad”, dice la investigación periodística. Los testimonios recopilados por InSight Crime aseguran que desde que Alvarado asumió la alcaldía, era cada vez más frecuente ver a contratistas y desarrolladores inmobiliarios talando árboles en Santa Rosa de Copán. Pero lo que más preocupaba a los habitantes de El Carrizal era que esta pérdida de la cobertura del bosque ponía en riesgo cuatro fuentes de agua, entre ellas la microcuenca “La Hondura” y otras dos de las que dependía directamente la comunidad. Lea la investigación completa: https://insightcrime.org/es/investigaciones/crecimiento-alimenta-corrupcion-destruccion-ambiental-occidente-honduras/ El alcalde Alvarado ha negado estas acusaciones, pero el atentado contra Ramiro Lara evidenció los riesgos que enfrentan quienes se oponen a este modelo de desarrollo. Aunque él y su familia resultaron ilesos, el mensaje fue claro. Al alcalde y a otros empleados municipales se les supone responsables de las amenazas de muerte contra el defensor ambiental Ramiro Lara. Las acusaciones crecen En agosto, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó una solicitud de antejuicio por malversación contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Alvarado Erazo, y dos regidores de su corporación municipal. Según el Ministerio Público, los funcionarios aprobaron de manera irregular la donación de un terreno a la madre del juez municipal Bayron René Hernández Castañeda, quien también fue acusado de recibir dinero a cambio de agilizar trámites en la municipalidad. Ante los nuevos señalamientos, el alcalde dijo que el Ministerio Público está instrumentalizado para perseguir políticamente a los candidatos de oposición. “Yo no soy una mala persona. No he matado a nadie. Quieren ensañarse conmigo cuando lo único que estoy haciendo es una labor social. Así como han atentado contra otros alcaldes, ahora me quieren fregar a mí. Espero que Dios le dé sabiduría a nuestro fiscal general para que comience a aplicar la ley contra quienes han cometido delitos”, comentó Alvarado Erazo. Para el padre Ismael Moreno, analista político, este caso evidencia cómo las alcaldías se han convertido en espacios fértiles para el abuso de poder y el clientelismo político. “En los gobiernos locales ha quedado comprobado que se utiliza el poder del Estado para tener más ventajas que favorezcan a quienes están o a los que los han colocado en el poder”, dijo. En una entrevista en la que aparecía con su hijo en brazos, y donde la prensa de Santa Rosa de Copán, más que preguntas ante las múltiples denuncias en contra del funcionario, lo llenaban de halagos, Aníbal dijo: “hay gente de la espalda mía, no con armas, sino con las oraciones y la biblia, ellos y mi madre
Más de 3 millones de lempiras para un polideportivo terminaron en la cancha del equipo de fútbol Los Potros en Juticalpa, Olancho
Más de 3 millones de lempiras para un polideportivo terminaron en la cancha del equipo de fútbol Los Potros en Juticalpa, Olancho La cancha de entrenamiento del Olancho FC, Los Potros, propiedad del diputado liberal Samuel García. En 2023, el diputado liberal por el departamento de Olancho, Héctor Vidal Cerrato, gestionó la construcción de un polideportivo en Juticalpa, Olancho. Dos años después, en el terreno donde debía levantarse el complejo deportivo para la comunidad de Las Lomas del Valle lo que existe es la cancha de entrenamiento del equipo de fútbol Olancho FC Los Potros, propiedad del también diputado liberal Samuel García. Según los listados publicados por el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el proyecto fue tramitado a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), uno de los siete entes estatales que administra el Fondo de Administración Solidaria; los fondos solicitados por el diputado Héctor Vidal Cerrato, que ascienden a 3 millones 424 mil lempiras, fueron entregados para su ejecución a la Asociación Pro Educación Grandes Soñadores (APEGS). Durante una visita a la ubicación señalada, Radio Progreso pudo constatar que el espacio está destinado exclusivamente al entrenamiento del equipo de fútbol Olancho FC Los Potros, sin acceso libre para la población de la comunidad y las zonas aledañas. Aunque el espacio para la práctica del fútbol está plenamente identificado con las insignias de Los Potros y sus patrocinadores, el diputado Héctor Vidal Cerrato, en entrevista a Radio Progreso, sostuvo que “no solo entrenan Los Potros, hace 15 días hubo actividades nacionales de veteranos allí, la cancha es comunitaria y de acceso público”. Sin embargo, jóvenes futbolistas de Juticalpa, habitantes de Lomas del Valle y de comunidades aledañas confirmaron que hace dos años el campo de futbol, donde se encuentra la cancha de entrenamiento de Los Potros, era un espacio público, que ahora se mantiene con portones cerrados. Mientras atendía su pulpería, una joven mujer, que por seguridad se omite su nombre, reaccionó molesta al enterarse de la aseveración del diputado Cerrato: “que venga él a preguntarle a toda la colonia, pero que venga con usted, que dejen de ser tan mentirosos, está prohibido que los niños puedan meterse ahí”. – ¿Y usted jugaba ahí antes? “Yo jugaba en Potros antes, a los 16 años vine a hacer pruebas de reservas y no habían construido nada, estaba público todavía; hace un año y medio, como dice ella, ellos cercaron y compraron, todo es privado”, contó un joven futbolista que estaba en el lugar. Habitantes consultados por Radio Progreso denunciaron que la cancha es de uso privado y no comunitario. Dinero público para uso privado El Fondo de Administración Solidaria, que cuenta con 900 millones de lempiras, permite a los diputados y diputadas del Congreso Nacional gestionar recursos para obras sociales en sus departamentos; los recursos deben destinarse a proyectos comunitarios, ejecutados por municipalidades o patronatos, sin embargo, en el caso del diputado Héctor Vidal Cerrato la supuesta obra pública coincide con un bien privado. En una revisión al portal de transparencia de la Secretaría de Gobernación, Radio Progreso constató que, el 6 junio de 2024, la APEGS recibió una transferencia de 3 millones 424 mil 496 lempiras, la cual fue autorizada por la Unidad de Transferencias al Sector Público, Privado y Externo de esa secretaría. En junio de 2024, la ONG dedicada a becas educativas recibió más de 3 millones de lempiras de la Secretaría de Gobernación para la construcción del polideportivo. De acuerdo con los portales digitales y las declaraciones de las integrantes de la junta directiva, la APEGS es una ONG que se dedica, desde el año 2017, al otorgamiento de becas escolares para estudiantes de escasos recursos y excelencia académica en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso. “Nosotros recibimos fondos extranjeros, de donantes extranjeros”, afirmó a Radio Progreso su tesorera, Isis Alexandra Oviedo. Al ser consultada sobre el listado presentado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que expone recursos administrados por ONGs a solicitud de diputados y diputadas, Oviedo confirmó que recibieron los fondos en agosto de 2024 para la construcción del polideportivo. Por su parte, el congresista Héctor Vidal Cerrato aseguró desconocer qué organización ejecutó la construcción del polideportivo. “Nosotros solo gestionamos y presentamos los perfiles; la ejecución, transferencia y liquidación la maneja Gobernación y Justicia”, afirmó. Héctor Vidal Cerrato es diputado suplente de Samuel García en el Congreso Nacional, quien además es dueño del equipo de fútbol Los Potros. Oviedo, tesorera de la APEGS, explicó que no fue la organización quien construyó el polideportivo, sino la empresa Constructora Nuevos Comienzos, contratada mediante licitación, además, afirmó que no conocían a quién iba destinado el proyecto del polideportivo en Juticalpa, Olancho: “no manejo muy bien esa información”. La APEGS no supo explicar el motivo de su selección para la ejecución de los fondos gestionados por el diputado liberal Héctor Vidal Cerrato. Sin embargo, Oviedo aseguró que la organización sí firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación y Justicia, indicó, además que el gasto fue reportado con informes completos, incluyendo facturas y contrato con la constructora. – ¿Ustedes en algún momento fueron hasta Juticalpa, departamento de Olancho, para supervisar la construcción del polideportivo? “Sí, claro, nosotros fuimos en dos ocasiones antes de iniciar el proyecto y fuimos por segunda vez a ver los avances del proyecto”, afirmó la representante de la APEGS, quien compartió el registro fotográfico de la supervisión. Con el registro fotográfico entregado a Radio Progreso se pudo constatar que el polideportivo, gestionado por el diputado Héctor Vidal Cerrato, fue construido sobre el campo o cancha de fútbol en la que entrena el equipo Olancho FC Los Potros. La Asociación Pro Educación Grandes Soñadores (APEGS) compartió fotos de la construcción de la obra. Radio Progreso constató que se trata de la cancha de Los Potros FC. En respuesta a una solicitud de información pública, realizada el 17 de septiembre de 2025, en la que Radio Progreso pidió los montos asignados, junto con la copia de las
Santiago Motiño: el cowboy de La Lima que busca retomar el mando
Santiago Motiño: el cowboy de La Lima que busca retomar el mando Al elaborar este perfil para el especial periodístico Bajo La Lupa, surgieron muchas denuncias e historias de violencia desmedida por parte de Santiago Motiño. Pero las personas que hablaron lo hicieron con miedo y bajo anonimato, pues su sola presencia genera temor en este municipio de Cortés. Al estilo del viejo oeste, con botas, jeans, camisas a cuadros, cincho, un arma al cinturón y un puro en la boca, así se describe a José Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, Cortés, quien busca volver a la alcaldía en las elecciones del 30 de noviembre. Luego de la crisis post electoral del año 2017, Motiño, llegó al poder municipal de la mano del Partido Alianza Patriótica Hondureña que en aquellos años dirigía el general golpista Romeo Vásquez Velásquez. Uno de los denominados partidos de “maletín”. Es de público conocimiento que la militancia de este político es con el Partido Nacional, instituto con el cual compitió en las elecciones de 2021, donde perdió frente al actual alcalde Santos Laínez de Libertad y Refundación. En esas pasadas elecciones quedó como regidor municipal, cargo que se negó a desempeñar durante estos 4 años asegurando que él competía para la alcaldía, sólo aceptaba ser el “patrón del municipio”. Motiño en actividad proselitista en la zona excampos bananeros del municipio de La Lima. La construcción de este perfil para el especial Bajo La Lupa se ha topado con las muchas narraciones de violencia desproporcionada de Motiño, pero con el temor de denunciarlas públicamente sin que esto traiga consecuencias. Las personas que nos permitieron profundizar sobre este político lo hacen desde el anonimato, incluso venciendo los temores de hablar, ya que su sola presencia imprime temor. Motiño llegó al poder en La Lima bajo la sombra del fraude ocurrido en el proceso electoral del 26 de noviembre de 2017, que fue un detonante de una crisis política que tuvo sus raíces históricas y estructurales que vienen desde la década de los 90, pero que se agudizaron con el golpe de Estado de 2009. Desde que tomó posesión de su cargo fue aliado incondicional del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández. Santiago Motiño con mucho orgullo presume que es oficial de la Policía Nacional en condición de retiro. Y ante los señalamientos que fue expulsado por actos reñidos con la ley, sale al paso asegurando que nadie lo depuró, que él salió de la institución para atender los negocios que su padre le heredó. Información revelada por las autoridades policiales a los medios de comunicación indican que Motiño fue director de la Dirección Nacional de Tránsito en Cortés, así como jefe de la Policía de Fronteras en el aeropuerto de San Pedro Sula. Abandonó la institución policial en 2009, y un año después, 2010, se le activó una orden de captura bajo sospecha de los delitos de ocultamiento de vehículos robados y almacenamiento de municiones y explosivos de uso comercial en prejuicio de la seguridad del Estado de Honduras. Al momento de la detención, las autoridades le comisaron un fusil M-16, 90 proyectiles de M-16, un revólver calibre 38, seis proyectiles calibre 38, tres cargadores M-16, 40 proyectiles de 9 milímetros y un forro para almacenar fusiles. Lea noticia: https://www.laprensa.hn/sucesos/capturan-a-exoficial-jose-motino-en-la-lima-AELP763210 El año 2022, la Sala V del Tribunal de Sentencia de los juzgados sampedranos por unanimidad de votos sobreseyó de manera definitiva al exalcalde de La Lima, Motiño, acusado por el delito de lavado de activos. Asimismo, quedó absuelto por el delito de hurto de vehículo automotor en perjuicio de Alexis Orellana López. La resolución establece que en el juicio la carga probatoria no pudo quebrantar el estado de inocencia del imputado. Gestión de la pandemia y los huracanes La gestión de Santiago Motiño en La Lima, Cortés está marcada por la pandemia del Covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota. Estos tres acontecimientos que dejaron grandes afectaciones y secuelas le acompañaron durante sus 4 años al mando y los atendió de una manera particular y muy cuestionada. En los tiempos de mayor incertidumbre y miedo en la pandemia, Motiño se encargó de deambular por las calles de la ciudad y con tolete en mano amenazaba a la ciudadanía que se encontraba en las calles, asegurando que no se permitía el irrespeto al toque de queda aprobado para hacer frente a la emergencia. Incluso el alcalde es muy recordado porque de forma vulgar decía públicamente que había descubierto la cura del Covid, que era una planta llamada “planta tu trasero en tu casa” y enviaba a la población hacer niños y no andar en las calles, que la alcaldía les daría un kit para atender a los futuros bebés, vociferaba. En el municipio es recordado por andar armado, además de portar un tolete, su mascarilla y alcohol por todos lados, aseguraba que en su ciudad nadie saldría infectado, incluso tuvo varios enfrentamientos con autoridades nacionales a quienes les pedía no realizar centros de triaje para pasajeros que llegaban al aeropuerto de San Pedro Sula. “Aquí no vamos a atender a nadie que venga con esa enfermedad”, gritaba. Como un aporte importante de su gestión se menciona la construcción de un nuevo triaje donde antes funcionaba la casa de la cultura, donde se atendieron a cientos de pacientes, únicamente limeños, y que prometió convertirlo en un nuevo centro de salud. En el tiempo de los huracanes Eta e Iota debió enfrentar la destrucción del 100 por ciento del municipio tras el paso devastador de estos fenómenos. En la ciudad es recordado por repartir bolsas solidarias, el gobierno le entregó un presupuesto especial de más de 3 millones de lempiras, unos 120 mil dólares, para la entrega de alimentos entre las familias afectadas. Así es recordado en la ciudad. Motiño armado, subido en sus Land Cruiser (vehículos todoterreno icónicos de Toyota), cruzando zonas totalmente inundadas entregando las raciones de alimentos. Así pasó esta emergencia la cual ha sido señalada por la poca transparencia en ejecuciones
Tocoa, municipio secuestrado por élites vinculadas a redes criminales
Tocoa, municipio secuestrado por élites vinculadas a redes criminales Desde el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras hace casi tres décadas, la situación política y social del municipio de Tocoa, en Colón, ha evidenciado las tensiones entre un modelo de “democracia formal” y la exclusión real de las mayorías. En la coyuntura electoral actual, el contexto local obliga a reflexionar sobre las limitaciones del sistema de representación política y la manera en que este ha instrumentalizado las alcaldías por los grupos de poder económico y político. El modelo democrático hondureño ha estado históricamente condicionado por los partidos tradicionales, Liberal y Nacional, que han configurado las reglas de participación conforme a sus propios intereses. Sin embargo, en Tocoa surgieron iniciativas desde los movimientos sociales que buscaron construir alternativas políticas orientadas a los intereses de las comunidades. Tanto la propuesta de Carlos Escaleras en los años noventa como la más reciente de Juan López, ambientalista asesinado en 2024, expresaron el anhelo de una administración municipal comprometida con la transparencia, la justicia social y el desarrollo local. Ambos liderazgos compartieron una misma convicción: la necesidad de transformar un municipio marcado por el abandono institucional y los altos niveles de corrupción. No obstante, la historia pareció repetirse, las estructuras de poder respondieron con violencia y persecución contra quienes representaban una amenaza a sus intereses. Carlos Escaleras fue asesinado en octubre de 1997, cuando era candidato a la alcaldía de Tocoa por el Partido Unificación Democrática (UD). En ese momento, lideraba la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y denunciaba públicamente la contaminación del río Guapinol, provocada por la instalación de una fábrica procesadora de palma aceitera propiedad de la familia Facussé. Juan López, regidor de Tocoa y precandidato a la alcaldía por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), fue también asesinado. Inspirado en el legado de Escaleras, López coordinaba el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, una organización que protege la montaña Carlos Escaleras, amenazada por la explotación minera impulsada por los empresarios Lennir Pérez y Ana Facussé. La ciudadanía señala que el panorama electoral refleja una profunda crisis de liderazgo y de representación política. Del movimiento de resistencia al debilitamiento político Tras el golpe de Estado de 2009, el municipio de Tocoa, bajo el liderazgo del entonces integrante del Partido Liberal, Adán Fúnez, se convirtió en un bastión de resistencia y movilización popular en defensa de la democracia. Los movimientos sociales se organizaron con la esperanza de transformar las estructuras que, desde la década de 1980, habían perpetuado la desigualdad. El surgimiento del Partido Libertad y Refundación (Libre) marcó un antes y un después en esa lucha. Si bien su creación representó inicialmente una esperanza de cambio, con el tiempo el partido fue cooptado por sectores tradicionales del poder político, incluidos antiguos miembros del Partido Liberal. Tal es el caso de Adán Fúnez, quien ha ocupado la alcaldía de Tocoa bajo la bandera de Libre desde 2014 hasta la actualidad. Este proceso debilitó la capacidad transformadora del movimiento social y generó una profunda frustración entre las comunidades que habían apostado por una alternativa popular. Para Adilia Castro integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la administración municipal, lejos de impulsar políticas sociales, reprodujo la lógica del clientelismo y la captura institucional. La comprobada vinculación del principal líder de Libre en Colón, Adán Fúnez, con narcotraficantes como los hermanos Rivera Maradiaga (Los Cachiros), así como su aparición en un video donde Carlos Zelaya, hermano del expresidente Mel Zelaya, negocia presunto financiamiento del narco a la campaña de Xiomara Castro en 2013, terminó por erosionar las esperanzas depositadas en un partido que, en sus orígenes, había nacido de la resistencia popular. El año 2012 puede considerarse el punto de partida de la llamada “avalancha extractivista” en Honduras, como reafirman ambientalistas. A partir de entonces, nuevos grupos empresariales, en alianza con actores políticos y capitales provenientes incluso del narcotráfico, encontraron en los proyectos extractivos y el monocultivo de palma aceitera una vía idónea para el lavado de dinero y la acumulación de riqueza territorial. En Tocoa, la llegada del modelo minero transformó de manera radical las dinámicas económicas y sociales, generando un incremento notable de la violencia. “Durante los últimos doce años, la alcaldía de Tocoa se ha consolidado como un espacio controlado por una alianza de élites económicas y políticas, que han utilizado el poder municipal para beneficiar a empresas privadas, muchas veces mediante la falsificación o manipulación de documentos públicos”, dijo la defensora Adilia Castro. Un ejemplo emblemático es la adulteración del acta municipal de Tocoa para favorecer a la empresa minera Inversiones Los Pinares (Ecotek), propiedad de la familia Pérez Facussé, lo que permitió el avance de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Este hecho revela cómo la alcaldía, bajo el mando de Adán Fúnez, ha actuado como benefactora de intereses privados, despojando a las comunidades de sus derechos y bienes naturales comunes, denunció en repetidas ocasiones el defensor y político Juan Antonio López. Al actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se le vincula con redes criminales presuntamente involucradas en el asesinato del político y ambientalista Juan López. Las múltiples denuncias hechas por Juan López La decisión de asesinar a Juan López fue el resultado de años de persecución, criminalización y abandono estatal, denunció el Bufete Justicia para los Pueblos. Entre 2016 y agosto de 2024, López interpuso 25 denuncias contra la alcaldía de Tocoa y la empresa minera Los Pinares, sin que el Ministerio Público actuara. “Juan no fue protegido porque nunca investigaron las denuncias que presentaron contra Lenir Pérez ni contra los agentes de seguridad de Los Pinares, pese a las violaciones y daños ambientales reportados”, declaró el abogado Edy Tábora. En lugar de atender sus denuncias, las autoridades de inteligencia policial y militar lo acusaron, junto a miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa de integrar una supuesta red criminal llamada Los Antimineros, con López señalado como
Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña
Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que juntas conforman el Municipio del Distrito Central, son el corazón político y administrativo de Honduras. Más allá de su papel como capital, destacan por su alta recaudación fiscal, su densidad poblacional y, al mismo tiempo, por los profundos contrastes sociales que las caracterizan. Históricamente, estas urbes han enfrentado un crecimiento urbano desordenado, altos índices de pobreza, zonas marginadas y una marcada vulnerabilidad frente al cambio climático. El Distrito Central alberga a más de 1.3 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Rodeada de montañas y asentada sobre una topografía irregular, la capital se ha visto expuesta a desastres naturales, especialmente durante la temporada lluviosa. Tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, Tegucigalpa cambió profundamente: quedó destruida, al igual que buena parte del país. En el ámbito político, ese evento marcó el inicio de más de dos décadas de dominio del Partido Nacional en la alcaldía, hasta el año 2022. Fue en ese año cuando, tras tres intentos previos, Jorge Alejandro Aldana Bardales asumió su primer mandato como alcalde. Nacido en 1975, periodista de profesión y con experiencia política en el Parlamento Centroamericano y regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (2018–2022), Aldana llegó al poder con un discurso centrado en la reconstrucción y la recuperación urbana. Durante su campaña, prometió proyectos emblemáticos como: la construcción de un parqueo público en la populosa colonia Kennedy, la puesta en marcha del Trans-450, el bacheo masivo de calles, la recuperación del río Choluteca y la creación de un malecón a lo largo de su ribera, y aunque su administración se acerca al cierre con la ejecución de más de un centenar de obras, muchas de sus promesas iniciales permanecen inconclusas. Tras tres intentos, Jorge Aldana asumió su primer mandato como alcalde del Distrito Central en 2022 y ahora se prepara para buscar la reelección. Deudas pendiente de gobiernos anteriores Uno de los pilares de la administración de Aldana ha sido su ambicioso plan de inversión municipal, valorado en más de 10 mil millones de lempiras, que abarca proyectos de infraestructura vial, social, ambiental, agua potable, saneamiento y mitigación de riesgos. La meta de cerrar su período con al menos 100 obras concluidas ha sido reiterada en múltiples ocasiones como símbolo de eficiencia y compromiso con el desarrollo urbano. En colonias como La Villa Franca, El Reparto y el barrio El Carmelo conocido como Los Jucos, la Alcaldía ha ejecutado intervenciones que incluyen la canalización de aguas subterráneas, la pavimentación de calles, la construcción de muros de contención y la recuperación de espacios públicos. Durante décadas, el barrio Los Jucos fue uno de los sectores más olvidados por los gobiernos municipales. Años de inundaciones, pérdidas materiales y angustia marcaron la vida de sus habitantes, hasta que el alcalde Jorge Aldana priorizó la obra de mitigación que transformó esa realidad. “La vida nos cambió de forma increíble. Yo soy trabajador ambulante en la mecánica y antes, cuando llovía, tenía que dejar el trabajo tirado y correr a mi casa para sacar los muebles, la refri, todo, porque el agua se metía. Ahora puede llover y llover, y estamos felices porque ya no entra el agua”, relató Melvin Contreras, residente del barrio desde hace 35 años. El testimonio de Contreras refleja el cambio en un sector que, durante mucho tiempo, fue ignorado por distintos gobiernos locales. “Antes, aquí en Los Jucos ya lo tenían visto como el barrio que siempre se inunda, cuenta. Vinieron Miguel Pastor, Ricardo Álvarez, hasta Papi a la Orden y el presidente Lobo. Todos prometieron arreglar el túnel, porque decían que el problema era que se tapaba… pero nada, solo esperanzas y promesas”, sostuvo. Hoy, los vecinos cuentan con una obra de mitigación y un parque comunitario, símbolos de una intervención que, según la municipalidad, busca devolver dignidad a comunidades históricamente excluidas y demostrar que la inversión municipal puede llegar a los rincones más olvidados del Distrito Central. Otro de los puntos de atención de la gestión de Aldana ha sido la rehabilitación del centro histórico de Tegucigalpa, que según el edil busca recuperar la identidad de una ciudad que por años sufrió el abandono institucional. Siendo notoria la restauración de la Avenida Cervantes, una de las más emblemáticas. Aldana ha insistido en que su modelo de gestión no se limita a obras físicas, sino que pretende reconstruir el tejido social y fortalecer el sentido de pertenencia entre los capitalinos, pero hay algunos sectores de la capital hondureña, como los de Comayagüela que critican estas obras por considerar que carecen de una planificación integral, y que su ejecución ha sido desigual, beneficiando más a unos mientras otros continúan esperando su atención. Obra de mitigación y nuevo parque recreativo en el barrio Morazán, popularmente conocido como Los Jucos. Represa Jiniguare: ¿solución o amenaza comunitaria? En 2022, el alcalde municipal anunció la construcción de la represa Jiniguare, un megaproyecto valorado en más de 150 millones de dólares que según él, garantizaría el abastecimiento de agua potable para la capital durante los próximos 30 años. La propuesta, sin embargo, no nació en su administración, sino durante la gestión del exalcalde Nasry “Tito” Asfura, quien la presentó como una solución estructural a la crisis hídrica de la capital. En 2010, la empresa Geoconsult fue contratada para realizar un estudio de factibilidad, pero sin consulta previa a las comunidades locales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la validez y transparencia de dicho análisis. El proyecto ha sido rechazado por organizaciones ambientalistas, defensores del territorio y comunidades locales, quienes advierten que su construcción provocaría el desplazamiento forzado de casi 400 habitantes de la comunidad indígena lenca de Jiniguare, además de vulnerar su derecho a la consulta previa, libre e informada. El temor de los pobladores no es menor. Ser desplazados significaría perder no solo sus viviendas, sino también su forma de vida y sustento. “Para nosotros que vivimos aquí, es un riesgo