Bader Dip: en busca de la reelección pese a denuncias por proyectos sobrevalorados en La Ceiba, Atlántida
Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña Bader Abraham Dip Alvarado se desempeña actualmente como alcalde de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Con casi dos décadas de carrera política, se ha consolidado como uno de los principales representantes del Partido Liberal en esta región del país. De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, Dip busca la reelección para un segundo mandato en la ciudad conocida como “La Novia de Honduras”. Sin embargo, su gestión municipal, marcada por un discurso centrado en la recuperación financiera, el impulso a la infraestructura y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ha estado acompañada de fuertes cuestionamientos ciudadanos, investigaciones por presunta corrupción y decisiones financieras que han generado malestar social y desconfianza entre la población ceibeña. Un político marcado por el escándalo y la concentración de pode Bader Dip, ingeniero y empresario del sector de las telecomunicaciones, busca proyectarse en la contienda electoral como un candidato fuerte. En su discurso, no pierde oportunidad para atribuir el estancamiento municipal a las administraciones anteriores, encabezadas por el Partido Nacional. Su trayectoria política se encuentra respaldada por una estructura familiar consolidada, que ha ganado influencia en la vida política del país con el paso de los años. Entre sus principales aliados figura su hermana Carla Dip, actual diputada del Congreso Nacional, así como diversos medios de comunicación regionales, propiedad de su familia, entre ellos Teleceiba. Esta red de poder familiar ha despertado cuestionamientos en torno a la concentración del poder político, el clientelismo y el control territorial en el departamento de Atlántida. No obstante, pese a su influencia y los recursos mediáticos a su disposición, Dip Alvarado no ha logrado disimular el creciente malestar ciudadano. La trayectoria de Dip dentro del Partido Liberal de Honduras incluye su elección como diputado del Congreso Nacional para el período 2018–2022. Durante su gestión legislativa, promovió proyectos de desarrollo local, especialmente en el ámbito portuario y de infraestructura vial. No obstante, su paso por el Congreso también estuvo marcado por controversias. En 2020 protagonizó un incidente de tránsito junto a una diputada de su mismo partido; según testigos, el entonces legislador habría realizado disparos al aire en aparente estado de ebriedad, hecho que generó amplias críticas en la opinión pública. Bader Dip busca la reelección para un segundo mandato en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Gestión municipal: finanzas saneadas, pero con gastos cuestionables Al asumir la alcaldía el 25 de enero de 2022, Bader Dip heredó una municipalidad con una deuda superior a 1,300 millones de lempiras, compuesta por compromisos financieros y demandas de proveedores, según informes oficiales. Su promesa fue clara: reordenar las finanzas municipales, aumentar la recaudación y ejecutar proyectos de infraestructura. Para el año 2025, la alcaldía ha ejecutado un presupuesto de 641 millones 712 mil 296 lempiras, del cual, según informó el gerente financiero municipal Saúl Salgado, se destinarían 269 millones a proyectos de infraestructura. De estos, 14 millones serían para pavimentación, 30 millones para la ampliación del bulevar del Este, y 5 millones para construir una calle conexa a la carretera CA-13. Para la ciudadanía, el orden financiero ha sido uno de los aciertos más visibles de la administración de Dip. Jorge Romero, vecino de La Ceiba, señaló: “Recordemos que venimos de aproximadamente 8 a 12 años de gobiernos nacionalistas, caracterizados por el endeudamiento de la municipalidad. Él ha logrado reconstruir los pagos y cumplir con los salarios de los empleados municipales”. Sin embargo, el respiro que experimentaron las finanzas municipales fue aprovechado por el alcalde y sus regidores para aprobar, en enero de 2024, un fondo rotatorio de L 80,000 mensuales para el alcalde y L 40,000 para cada regidor. Este fondo proyecta un desembolso de más de 11 millones de lempiras entre 2024 y 2025. Solo para 2025, se presupuestaron 5 millones 760 mil lempiras en el Plan de Inversión, bajo la partida «Subsidios para Fondos Rotatorios». La medida generó críticas por su aparente discrecionalidad. Sectores como MOSO advierten que estos recursos podrían ser utilizados con fines electorales, poniendo en riesgo la transparencia de la gestión. “Si bien los fondos rotatorios tienen carácter legal, el problema radica en los procesos de rendición de cuentas de estos fondos, que en el pasado ya han generado serias dudas sobre su uso”, dijo para el especial Bajo la Lupa de Radio Progreso, Osman Suazo, del Movimiento Social Organizado (MOSO), quien fue integrante de la Comisión Municipal de Transparencia. Dip representa a una de las familias más influyentes de la ciudad, con poder político y mediático. Investigaciones anticorrupción: señalamientos y procesos abiertos La gestión de Bader Dip no ha estado exenta de cuestionamientos por supuestos casos de corrupción. Tanto el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) han investigado irregularidades en la adjudicación de obras y contratos municipales. Uno de los casos más relevantes denunciados por el CNA involucra el proyecto de mantenimiento del relleno sanitario municipal. La adjudicación de este proyecto a empresas no calificadas estaría vinculada a posibles delitos de fraude y abuso de autoridad, por un monto superior a los 21 millones de lempiras. En otro caso, el alcalde Bader Dip y su vicealcalde Alejandro Canelas fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público en calidad de investigados por la FETCCOP, en relación con varios contratos adjudicados al exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), José Rosario Bonano, sin cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, según el requerimiento del Ministerio Público (MP). Hasta la fecha, no se han registrado sentencias firmes; sin embargo, estos casos han generado en la ciudadanía sospechas sobre la transparencia de la gestión y dudas sobre el uso de los fondos públicos. Lea también: https://www.mp.hn/publicaciones/citan-al-alcalde-y-regidores-por-adjudicacion-de-contratos-a-favor-de-exministro-jose-rosario-bonano/ ¡Trancazo vehicular! Una promesa de campaña incumplida Otra medida controversial impulsada por Bader Dip fue el aumento de la Tasa Municipal Vehicular, aprobado durante su mandato y
Corrupción, deforestación y amenazas: el complejo legado de Aníbal Alvarado en Santa Rosa de Copán
Corrupción, deforestación y amenazas: el complejo legado de Aníbal Alvarado en Santa Rosa de Copán Aníbal Alvarado Erazo, alcalde de Santa Rosa de Copán, ha estado en el centro de múltiples señalamientos de corrupción durante sus cuatro períodos consecutivos al frente de la alcaldía. Las denuncias y la solicitud de antejuicio en su contra evidencian una problemática profunda y persistente en la gestión municipal bajo su mandato, con impactos negativos en la gobernabilidad de esta ciudad. En los últimos años, el nombre de Aníbal Alvarado Erazo ha resonado con mucha fuerza en el ámbito nacional. Este alcalde de la ciudad de Santa Rosa es investigado por supuestos vínculos con redes de corrupción que están destruyendo los recursos naturales en su afán de expandirse en este municipio del departamento de Copán. Por cuarto período consecutivo, Aníbal Alvarado ha dirigido la alcaldía de Santa Rosa, la capital del occidente de Honduras, una de las ciudades más importantes debido a su ubicación y por la conexión entre las diferentes regiones del occidente del país. El municipio es paso obligado para las personas que vienen de Guatemala o El Salvador y que entran por las fronteras El Poy y Agua Caliente. En su carrera por continuar en la silla municipal, el alcalde ha estado en el centro de la polémica. A inicios de 2025, siendo precandidato por el movimiento liberal de Jorge Cálix, recibió una serie de ataques del actual candidato a la presidencia Salvador Nasralla. En un acto proselitista, Nasralla acusó al alcalde Aníbal de pertenecer al crimen organizado y de que dentro de su alcaldía se cometían actos de corrupción. Indignado por tales acusaciones, Aníbal Alvarado contestó tajante: “Nasralla habla incoherencias. Es una persona bipolar que me acusa porque no quise aceptar pertenecer a su movimiento. Por sus acusaciones le doy 24 horas para que me compruebe todo lo que ha dicho en mi contra. Que me compruebe que soy delincuente”, dijo. Después de las elecciones internas, Aníbal consolidó su poder en el municipio y Nasralla se convirtió en candidato oficial a la presidencia por el liberalismo. En cuestión de instantes se tragaron sus palabras y todas las acusaciones pasaron a segundo plano; allí comenzaron a hacer campaña juntos de cara a las elecciones generales. Tras semanas de acusaciones cruzadas, el alcalde Aníbal Alvarado y Salvador Nasralla terminaron alineados políticamente después de las internas de 2025. Las acusaciones contra Aníbal aumentaron. En julio de 2025, el medio InSight Crime reveló que el alcalde Alvarado encabeza una amplia red de corrupción integrada por actores poderosos que se han beneficiado de la expansión de la ciudad a costa de los recursos naturales. Se aseguró que Alvarado y otros empleados municipales entregan licencias y permisos de construcción a cambio de sobornos, terrenos y otros beneficios económicos. La denuncia es más grave. Se vincula al funcionario y varios de sus empleados a las amenazas de muerte contra el defensor ambiental Ramiro Lara, quien denunció de forma permanente la venta de áreas por la alcaldía de Santa Rosa. “Lara había dedicado tiempo a denunciar un aumento pronunciado de la deforestación en el municipio y sus alrededores, especialmente en una zona conocida como ‘El Carrizal’. Allí, miembros de la comunidad le habían pedido ayuda para presentar una denuncia contra un terrateniente que talaba árboles cerca de una microcuenca llamada ‘La Hondura’, la cual, según los activistas locales, abastece de agua a cerca del 25% de la ciudad”, dice la investigación periodística. Los testimonios recopilados por InSight Crime aseguran que desde que Alvarado asumió la alcaldía, era cada vez más frecuente ver a contratistas y desarrolladores inmobiliarios talando árboles en Santa Rosa de Copán. Pero lo que más preocupaba a los habitantes de El Carrizal era que esta pérdida de la cobertura del bosque ponía en riesgo cuatro fuentes de agua, entre ellas la microcuenca “La Hondura” y otras dos de las que dependía directamente la comunidad. Lea la investigación completa: https://insightcrime.org/es/investigaciones/crecimiento-alimenta-corrupcion-destruccion-ambiental-occidente-honduras/ El alcalde Alvarado ha negado estas acusaciones, pero el atentado contra Ramiro Lara evidenció los riesgos que enfrentan quienes se oponen a este modelo de desarrollo. Aunque él y su familia resultaron ilesos, el mensaje fue claro. Al alcalde y a otros empleados municipales se les supone responsables de las amenazas de muerte contra el defensor ambiental Ramiro Lara. Las acusaciones crecen En agosto, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó una solicitud de antejuicio por malversación contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Alvarado Erazo, y dos regidores de su corporación municipal. Según el Ministerio Público, los funcionarios aprobaron de manera irregular la donación de un terreno a la madre del juez municipal Bayron René Hernández Castañeda, quien también fue acusado de recibir dinero a cambio de agilizar trámites en la municipalidad. Ante los nuevos señalamientos, el alcalde dijo que el Ministerio Público está instrumentalizado para perseguir políticamente a los candidatos de oposición. “Yo no soy una mala persona. No he matado a nadie. Quieren ensañarse conmigo cuando lo único que estoy haciendo es una labor social. Así como han atentado contra otros alcaldes, ahora me quieren fregar a mí. Espero que Dios le dé sabiduría a nuestro fiscal general para que comience a aplicar la ley contra quienes han cometido delitos”, comentó Alvarado Erazo. Para el padre Ismael Moreno, analista político, este caso evidencia cómo las alcaldías se han convertido en espacios fértiles para el abuso de poder y el clientelismo político. “En los gobiernos locales ha quedado comprobado que se utiliza el poder del Estado para tener más ventajas que favorezcan a quienes están o a los que los han colocado en el poder”, dijo. En una entrevista en la que aparecía con su hijo en brazos, y donde la prensa de Santa Rosa de Copán, más que preguntas ante las múltiples denuncias en contra del funcionario, lo llenaban de halagos, Aníbal dijo: “hay gente de la espalda mía, no con armas, sino con las oraciones y la biblia, ellos y mi madre
Santiago Motiño: el cowboy de La Lima que busca retomar el mando
Santiago Motiño: el cowboy de La Lima que busca retomar el mando Al elaborar este perfil para el especial periodístico Bajo La Lupa, surgieron muchas denuncias e historias de violencia desmedida por parte de Santiago Motiño. Pero las personas que hablaron lo hicieron con miedo y bajo anonimato, pues su sola presencia genera temor en este municipio de Cortés. Al estilo del viejo oeste, con botas, jeans, camisas a cuadros, cincho, un arma al cinturón y un puro en la boca, así se describe a José Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, Cortés, quien busca volver a la alcaldía en las elecciones del 30 de noviembre. Luego de la crisis post electoral del año 2017, Motiño, llegó al poder municipal de la mano del Partido Alianza Patriótica Hondureña que en aquellos años dirigía el general golpista Romeo Vásquez Velásquez. Uno de los denominados partidos de “maletín”. Es de público conocimiento que la militancia de este político es con el Partido Nacional, instituto con el cual compitió en las elecciones de 2021, donde perdió frente al actual alcalde Santos Laínez de Libertad y Refundación. En esas pasadas elecciones quedó como regidor municipal, cargo que se negó a desempeñar durante estos 4 años asegurando que él competía para la alcaldía, sólo aceptaba ser el “patrón del municipio”. Motiño en actividad proselitista en la zona excampos bananeros del municipio de La Lima. La construcción de este perfil para el especial Bajo La Lupa se ha topado con las muchas narraciones de violencia desproporcionada de Motiño, pero con el temor de denunciarlas públicamente sin que esto traiga consecuencias. Las personas que nos permitieron profundizar sobre este político lo hacen desde el anonimato, incluso venciendo los temores de hablar, ya que su sola presencia imprime temor. Motiño llegó al poder en La Lima bajo la sombra del fraude ocurrido en el proceso electoral del 26 de noviembre de 2017, que fue un detonante de una crisis política que tuvo sus raíces históricas y estructurales que vienen desde la década de los 90, pero que se agudizaron con el golpe de Estado de 2009. Desde que tomó posesión de su cargo fue aliado incondicional del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández. Santiago Motiño con mucho orgullo presume que es oficial de la Policía Nacional en condición de retiro. Y ante los señalamientos que fue expulsado por actos reñidos con la ley, sale al paso asegurando que nadie lo depuró, que él salió de la institución para atender los negocios que su padre le heredó. Información revelada por las autoridades policiales a los medios de comunicación indican que Motiño fue director de la Dirección Nacional de Tránsito en Cortés, así como jefe de la Policía de Fronteras en el aeropuerto de San Pedro Sula. Abandonó la institución policial en 2009, y un año después, 2010, se le activó una orden de captura bajo sospecha de los delitos de ocultamiento de vehículos robados y almacenamiento de municiones y explosivos de uso comercial en prejuicio de la seguridad del Estado de Honduras. Al momento de la detención, las autoridades le comisaron un fusil M-16, 90 proyectiles de M-16, un revólver calibre 38, seis proyectiles calibre 38, tres cargadores M-16, 40 proyectiles de 9 milímetros y un forro para almacenar fusiles. Lea noticia: https://www.laprensa.hn/sucesos/capturan-a-exoficial-jose-motino-en-la-lima-AELP763210 El año 2022, la Sala V del Tribunal de Sentencia de los juzgados sampedranos por unanimidad de votos sobreseyó de manera definitiva al exalcalde de La Lima, Motiño, acusado por el delito de lavado de activos. Asimismo, quedó absuelto por el delito de hurto de vehículo automotor en perjuicio de Alexis Orellana López. La resolución establece que en el juicio la carga probatoria no pudo quebrantar el estado de inocencia del imputado. Gestión de la pandemia y los huracanes La gestión de Santiago Motiño en La Lima, Cortés está marcada por la pandemia del Covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota. Estos tres acontecimientos que dejaron grandes afectaciones y secuelas le acompañaron durante sus 4 años al mando y los atendió de una manera particular y muy cuestionada. En los tiempos de mayor incertidumbre y miedo en la pandemia, Motiño se encargó de deambular por las calles de la ciudad y con tolete en mano amenazaba a la ciudadanía que se encontraba en las calles, asegurando que no se permitía el irrespeto al toque de queda aprobado para hacer frente a la emergencia. Incluso el alcalde es muy recordado porque de forma vulgar decía públicamente que había descubierto la cura del Covid, que era una planta llamada “planta tu trasero en tu casa” y enviaba a la población hacer niños y no andar en las calles, que la alcaldía les daría un kit para atender a los futuros bebés, vociferaba. En el municipio es recordado por andar armado, además de portar un tolete, su mascarilla y alcohol por todos lados, aseguraba que en su ciudad nadie saldría infectado, incluso tuvo varios enfrentamientos con autoridades nacionales a quienes les pedía no realizar centros de triaje para pasajeros que llegaban al aeropuerto de San Pedro Sula. “Aquí no vamos a atender a nadie que venga con esa enfermedad”, gritaba. Como un aporte importante de su gestión se menciona la construcción de un nuevo triaje donde antes funcionaba la casa de la cultura, donde se atendieron a cientos de pacientes, únicamente limeños, y que prometió convertirlo en un nuevo centro de salud. En el tiempo de los huracanes Eta e Iota debió enfrentar la destrucción del 100 por ciento del municipio tras el paso devastador de estos fenómenos. En la ciudad es recordado por repartir bolsas solidarias, el gobierno le entregó un presupuesto especial de más de 3 millones de lempiras, unos 120 mil dólares, para la entrega de alimentos entre las familias afectadas. Así es recordado en la ciudad. Motiño armado, subido en sus Land Cruiser (vehículos todoterreno icónicos de Toyota), cruzando zonas totalmente inundadas entregando las raciones de alimentos. Así pasó esta emergencia la cual ha sido señalada por la poca transparencia en ejecuciones
Tocoa, municipio secuestrado por élites vinculadas a redes criminales
Tocoa, municipio secuestrado por élites vinculadas a redes criminales Desde el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras hace casi tres décadas, la situación política y social del municipio de Tocoa, en Colón, ha evidenciado las tensiones entre un modelo de “democracia formal” y la exclusión real de las mayorías. En la coyuntura electoral actual, el contexto local obliga a reflexionar sobre las limitaciones del sistema de representación política y la manera en que este ha instrumentalizado las alcaldías por los grupos de poder económico y político. El modelo democrático hondureño ha estado históricamente condicionado por los partidos tradicionales, Liberal y Nacional, que han configurado las reglas de participación conforme a sus propios intereses. Sin embargo, en Tocoa surgieron iniciativas desde los movimientos sociales que buscaron construir alternativas políticas orientadas a los intereses de las comunidades. Tanto la propuesta de Carlos Escaleras en los años noventa como la más reciente de Juan López, ambientalista asesinado en 2024, expresaron el anhelo de una administración municipal comprometida con la transparencia, la justicia social y el desarrollo local. Ambos liderazgos compartieron una misma convicción: la necesidad de transformar un municipio marcado por el abandono institucional y los altos niveles de corrupción. No obstante, la historia pareció repetirse, las estructuras de poder respondieron con violencia y persecución contra quienes representaban una amenaza a sus intereses. Carlos Escaleras fue asesinado en octubre de 1997, cuando era candidato a la alcaldía de Tocoa por el Partido Unificación Democrática (UD). En ese momento, lideraba la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y denunciaba públicamente la contaminación del río Guapinol, provocada por la instalación de una fábrica procesadora de palma aceitera propiedad de la familia Facussé. Juan López, regidor de Tocoa y precandidato a la alcaldía por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), fue también asesinado. Inspirado en el legado de Escaleras, López coordinaba el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, una organización que protege la montaña Carlos Escaleras, amenazada por la explotación minera impulsada por los empresarios Lennir Pérez y Ana Facussé. La ciudadanía señala que el panorama electoral refleja una profunda crisis de liderazgo y de representación política. Del movimiento de resistencia al debilitamiento político Tras el golpe de Estado de 2009, el municipio de Tocoa, bajo el liderazgo del entonces integrante del Partido Liberal, Adán Fúnez, se convirtió en un bastión de resistencia y movilización popular en defensa de la democracia. Los movimientos sociales se organizaron con la esperanza de transformar las estructuras que, desde la década de 1980, habían perpetuado la desigualdad. El surgimiento del Partido Libertad y Refundación (Libre) marcó un antes y un después en esa lucha. Si bien su creación representó inicialmente una esperanza de cambio, con el tiempo el partido fue cooptado por sectores tradicionales del poder político, incluidos antiguos miembros del Partido Liberal. Tal es el caso de Adán Fúnez, quien ha ocupado la alcaldía de Tocoa bajo la bandera de Libre desde 2014 hasta la actualidad. Este proceso debilitó la capacidad transformadora del movimiento social y generó una profunda frustración entre las comunidades que habían apostado por una alternativa popular. Para Adilia Castro integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la administración municipal, lejos de impulsar políticas sociales, reprodujo la lógica del clientelismo y la captura institucional. La comprobada vinculación del principal líder de Libre en Colón, Adán Fúnez, con narcotraficantes como los hermanos Rivera Maradiaga (Los Cachiros), así como su aparición en un video donde Carlos Zelaya, hermano del expresidente Mel Zelaya, negocia presunto financiamiento del narco a la campaña de Xiomara Castro en 2013, terminó por erosionar las esperanzas depositadas en un partido que, en sus orígenes, había nacido de la resistencia popular. El año 2012 puede considerarse el punto de partida de la llamada “avalancha extractivista” en Honduras, como reafirman ambientalistas. A partir de entonces, nuevos grupos empresariales, en alianza con actores políticos y capitales provenientes incluso del narcotráfico, encontraron en los proyectos extractivos y el monocultivo de palma aceitera una vía idónea para el lavado de dinero y la acumulación de riqueza territorial. En Tocoa, la llegada del modelo minero transformó de manera radical las dinámicas económicas y sociales, generando un incremento notable de la violencia. “Durante los últimos doce años, la alcaldía de Tocoa se ha consolidado como un espacio controlado por una alianza de élites económicas y políticas, que han utilizado el poder municipal para beneficiar a empresas privadas, muchas veces mediante la falsificación o manipulación de documentos públicos”, dijo la defensora Adilia Castro. Un ejemplo emblemático es la adulteración del acta municipal de Tocoa para favorecer a la empresa minera Inversiones Los Pinares (Ecotek), propiedad de la familia Pérez Facussé, lo que permitió el avance de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Este hecho revela cómo la alcaldía, bajo el mando de Adán Fúnez, ha actuado como benefactora de intereses privados, despojando a las comunidades de sus derechos y bienes naturales comunes, denunció en repetidas ocasiones el defensor y político Juan Antonio López. Al actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se le vincula con redes criminales presuntamente involucradas en el asesinato del político y ambientalista Juan López. Las múltiples denuncias hechas por Juan López La decisión de asesinar a Juan López fue el resultado de años de persecución, criminalización y abandono estatal, denunció el Bufete Justicia para los Pueblos. Entre 2016 y agosto de 2024, López interpuso 25 denuncias contra la alcaldía de Tocoa y la empresa minera Los Pinares, sin que el Ministerio Público actuara. “Juan no fue protegido porque nunca investigaron las denuncias que presentaron contra Lenir Pérez ni contra los agentes de seguridad de Los Pinares, pese a las violaciones y daños ambientales reportados”, declaró el abogado Edy Tábora. En lugar de atender sus denuncias, las autoridades de inteligencia policial y militar lo acusaron, junto a miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa de integrar una supuesta red criminal llamada Los Antimineros, con López señalado como
Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña
Luces y sombras rodean la reelección de Jorge Aldana en la capital hondureña Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que juntas conforman el Municipio del Distrito Central, son el corazón político y administrativo de Honduras. Más allá de su papel como capital, destacan por su alta recaudación fiscal, su densidad poblacional y, al mismo tiempo, por los profundos contrastes sociales que las caracterizan. Históricamente, estas urbes han enfrentado un crecimiento urbano desordenado, altos índices de pobreza, zonas marginadas y una marcada vulnerabilidad frente al cambio climático. El Distrito Central alberga a más de 1.3 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Rodeada de montañas y asentada sobre una topografía irregular, la capital se ha visto expuesta a desastres naturales, especialmente durante la temporada lluviosa. Tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, Tegucigalpa cambió profundamente: quedó destruida, al igual que buena parte del país. En el ámbito político, ese evento marcó el inicio de más de dos décadas de dominio del Partido Nacional en la alcaldía, hasta el año 2022. Fue en ese año cuando, tras tres intentos previos, Jorge Alejandro Aldana Bardales asumió su primer mandato como alcalde. Nacido en 1975, periodista de profesión y con experiencia política en el Parlamento Centroamericano y regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (2018–2022), Aldana llegó al poder con un discurso centrado en la reconstrucción y la recuperación urbana. Durante su campaña, prometió proyectos emblemáticos como: la construcción de un parqueo público en la populosa colonia Kennedy, la puesta en marcha del Trans-450, el bacheo masivo de calles, la recuperación del río Choluteca y la creación de un malecón a lo largo de su ribera, y aunque su administración se acerca al cierre con la ejecución de más de un centenar de obras, muchas de sus promesas iniciales permanecen inconclusas. Tras tres intentos, Jorge Aldana asumió su primer mandato como alcalde del Distrito Central en 2022 y ahora se prepara para buscar la reelección. Deudas pendiente de gobiernos anteriores Uno de los pilares de la administración de Aldana ha sido su ambicioso plan de inversión municipal, valorado en más de 10 mil millones de lempiras, que abarca proyectos de infraestructura vial, social, ambiental, agua potable, saneamiento y mitigación de riesgos. La meta de cerrar su período con al menos 100 obras concluidas ha sido reiterada en múltiples ocasiones como símbolo de eficiencia y compromiso con el desarrollo urbano. En colonias como La Villa Franca, El Reparto y el barrio El Carmelo conocido como Los Jucos, la Alcaldía ha ejecutado intervenciones que incluyen la canalización de aguas subterráneas, la pavimentación de calles, la construcción de muros de contención y la recuperación de espacios públicos. Durante décadas, el barrio Los Jucos fue uno de los sectores más olvidados por los gobiernos municipales. Años de inundaciones, pérdidas materiales y angustia marcaron la vida de sus habitantes, hasta que el alcalde Jorge Aldana priorizó la obra de mitigación que transformó esa realidad. “La vida nos cambió de forma increíble. Yo soy trabajador ambulante en la mecánica y antes, cuando llovía, tenía que dejar el trabajo tirado y correr a mi casa para sacar los muebles, la refri, todo, porque el agua se metía. Ahora puede llover y llover, y estamos felices porque ya no entra el agua”, relató Melvin Contreras, residente del barrio desde hace 35 años. El testimonio de Contreras refleja el cambio en un sector que, durante mucho tiempo, fue ignorado por distintos gobiernos locales. “Antes, aquí en Los Jucos ya lo tenían visto como el barrio que siempre se inunda, cuenta. Vinieron Miguel Pastor, Ricardo Álvarez, hasta Papi a la Orden y el presidente Lobo. Todos prometieron arreglar el túnel, porque decían que el problema era que se tapaba… pero nada, solo esperanzas y promesas”, sostuvo. Hoy, los vecinos cuentan con una obra de mitigación y un parque comunitario, símbolos de una intervención que, según la municipalidad, busca devolver dignidad a comunidades históricamente excluidas y demostrar que la inversión municipal puede llegar a los rincones más olvidados del Distrito Central. Otro de los puntos de atención de la gestión de Aldana ha sido la rehabilitación del centro histórico de Tegucigalpa, que según el edil busca recuperar la identidad de una ciudad que por años sufrió el abandono institucional. Siendo notoria la restauración de la Avenida Cervantes, una de las más emblemáticas. Aldana ha insistido en que su modelo de gestión no se limita a obras físicas, sino que pretende reconstruir el tejido social y fortalecer el sentido de pertenencia entre los capitalinos, pero hay algunos sectores de la capital hondureña, como los de Comayagüela que critican estas obras por considerar que carecen de una planificación integral, y que su ejecución ha sido desigual, beneficiando más a unos mientras otros continúan esperando su atención. Obra de mitigación y nuevo parque recreativo en el barrio Morazán, popularmente conocido como Los Jucos. Represa Jiniguare: ¿solución o amenaza comunitaria? En 2022, el alcalde municipal anunció la construcción de la represa Jiniguare, un megaproyecto valorado en más de 150 millones de dólares que según él, garantizaría el abastecimiento de agua potable para la capital durante los próximos 30 años. La propuesta, sin embargo, no nació en su administración, sino durante la gestión del exalcalde Nasry “Tito” Asfura, quien la presentó como una solución estructural a la crisis hídrica de la capital. En 2010, la empresa Geoconsult fue contratada para realizar un estudio de factibilidad, pero sin consulta previa a las comunidades locales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la validez y transparencia de dicho análisis. El proyecto ha sido rechazado por organizaciones ambientalistas, defensores del territorio y comunidades locales, quienes advierten que su construcción provocaría el desplazamiento forzado de casi 400 habitantes de la comunidad indígena lenca de Jiniguare, además de vulnerar su derecho a la consulta previa, libre e informada. El temor de los pobladores no es menor. Ser desplazados significaría perder no solo sus viviendas, sino también su forma de vida y sustento. “Para nosotros que vivimos aquí, es un riesgo
Alexander López, el caudillo al mando: 20 años de poder en El Progreso
Alexander López, el caudillo al mando: 20 años de poder en El Progreso El nombre de Alexander López Orellana es muy reconocido no solo en Honduras. La aparición a finales de 2023 en un listado de los corruptos de Centroamérica lo mantuvo en la mira de Estados Unidos, que lo señala por haber diseñado un patrón de corrupción y favoritismo en el otorgamiento de contratos dentro de la municipalidad de El Progreso, Yoro, la cual dirige desde hace casi 20 años. Mucho se ha escrito sobre este personaje. En sus cinco períodos consecutivos al frente de la alcaldía logró pasar de aprendiz del cacique del departamento a convertirse en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El Progreso, Yoro.- En los barrios y colonias del municipio de El Progreso circula un secreto a voces: nada se mueve, ni una hoja de un árbol, sin que el alcalde Alexander López Orellana lo sepa. Además, aplica la sentencia “estás conmigo o contra mí.” Inició en la política treinta años atrás, cuando aún era muy joven. Su liderazgo y capacidad para controlar los espacios rápidamente lo ascendió hasta ubicarse entre las altas autoridades locales del Partido Liberal, su actual casa de afiliación política. Desde que le ofrecieron la alcaldía de este municipio hace 20 años, supo que debía construir su propio poder. Fue así como rápidamente desbancó al eterno diputado por el departamento de Yoro, y expresidente golpista Roberto Micheletti, su antiguo mentor. En varias investigaciones y reportajes se ha revelado el perfil autoritario de este alcalde, comprobando que el manejo de esta alcaldía se realiza en medio de sospechas de corrupción, irregularidades y opacidad, especialmente en el otorgamiento de varios contratos municipales. A finales de 2023, Radio Progreso reveló que los contratos para la reparación de calles y acarreo de material otorgados por López Orellana, despiertan sospechas de favoritismo hacia sus allegados y correligionarios. Es esa sombra de prácticas corruptas que lo coloca, según la Lista Engel-2023, entre las personas más corruptas y antidemocráticas de la región centroamericana. Las sospechas por corrupción de Alexander López han tocado las puertas del Ministerio Público, Operación Odiseo VII en 2019, cuando el Ministerio Público intervino la municipalidad de El Progreso para secuestrar documentación de las oficinas de servicios públicos, contabilidad y tesorería para verificar supuestos actos de corrupción, o la Operación Solidaria en 2020, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó acciones similares para investigar irregularidades en el manejo de fondos destinados a las familias afectadas por la pandemia del Covid-19, la corrupción en esta municipalidad sigue siendo motivo de preocupación. Además, varias auditorías del Tribunal Superior de Cuentas han revelado prácticas poco transparentes durante períodos anteriores, como una realizada entre 2009 y 2014 , que evidencia la falta de arqueos periódicos en los fondos municipales de Caja Chica y Fondo Rotario, la ausencia de firma y aprobación en conciliaciones bancarias por autoridades superiores, y la emisión de cheques a nombre de la Tesorera Municipal para pagos en efectivo. Esta funcionaria habría retirado casi 15 millones de lempiras en un periodo de seis años para supuestas ayudas sociales. El alcalde Alexander López en una actividad proselitista en la ciudad. Fotografía redes sociales Alcaldía progreseña. Una solicitud de acceso a la información pública realizada por este equipo periodístico al Ministerio Público, para conocer el número de denuncias de corrupción contra la Corporación Municipal de El Progreso, fue respondida notificando que, debido al carácter reservado de las investigaciones abiertas, conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal, la información se mantiene en reserva, confirmando, además que existen casos en etapa de investigación. Sin embargo, el Ministerio Público actuó de otra manera cuando se pidió la misma información relacionada a otros alcaldes municipales. En estos casos se nos proporcionó los detalles de las denuncias como: las fechas, los delitos e incluso en poder de qué fiscalía se encuentra cada uno de los casos en investigación. Concentración de poder La gestión de Alexander López significa la concentración casi absoluta del poder en el municipio durante un largo período, lo que se traduce en una visión única sobre las dinámicas municipales. Todo lo relacionado con la infraestructura, el desarrollo urbano y rural es dirigido exclusivamente por él, señala el sociólogo Elvin Hernández. “Los ciudadanos con una lectura más crítica saben que, después de 20 años, mucho poder y riquezas, pero no hay proyectos emblemáticos para este municipio. No existen sistemas de aguas residuales ni proyectos para la recolección de aguas lluvia —aquí llueve apenas 40 minutos y emergen las condiciones de vulnerabilidad acumulada—. Lo mismo ocurre en el ámbito ambiental, todos los humedales de la ciudad han sido puestos en riesgo y no hay una posición de cuidado por parte de la alcaldía que dirige Alexander López”, afirma Hernández. En esa misma línea, la regidora por el Partido Nacional, Kenia Perelló, quien alega haber ganado las pasadas elecciones de 2021 —un triunfo que, según ella, López Orellana arrebató mediante fraude y negaciones políticas— asegura que la concentración de poder del alcalde es tal que ni siquiera a los regidores les entrega el presupuesto anual en físico. “Parece que fuera un secreto de Estado lo que hay dentro de las partidas presupuestarias, sus montos y los principales proveedores del municipio. Todo está en la opacidad”, dice. Para el sociólogo Elvin Hernández es clave la reflexión y participación de la ciudadanía en las próximas elecciones donde Alexander López buscará un sexto mandato. Fotografía ERIC-SJ. En entrevista con este especial periodístico, Perelló afirmó que Alexander López no brinda información porque se cree el “mandamás” de la ciudad. “Como en todas las alcaldías del país, los presupuestos se discuten y aprueban en pleno, y al aprobarse se entrega una copia física. Pero aquí el alcalde mantiene todo en secreto. Es penoso que, a estas alturas del año, nadie sepa a qué responde cada renglón presupuestario. No sabemos cómo monitorear lo ejecutado e incluso desconocemos qué proyectos se han priorizado para 2025”. A los regidores de oposición los
Ricardo Cálix: el alcalde considerado “traidor” del pueblo garífuna que pretende reelegirse en Tela, Atlántida
Ricardo Cálix: el alcalde considerado “traidor” del pueblo garífuna que pretende reelegirse en Tela, Atlántida Ricardo Cálix Ruiz nació, creció y recorrió desde muy pequeño las polvorientas calles del barrio La Bahía. Su casa se ubicaba cerca del centro de salud comunitario, colindante con el barrio Buenos Aires, en la comunidad garífuna Durugubuti-Bei Bei, más conocida como San Juan, en el municipio de Tela, Atlántida, zona norte de Honduras. Nacido en la década de los ochenta, Cálix proviene de una familia ganadera. Su padre, el ingeniero Ricardo Cálix Arias, y su madre, Golding Matilde Ruiz, maestra jubilada, eran conocidos en la comunidad. Todavía se recuerdan las historias de cómo los vecinos llegaban a la casa de “los Cálix” para comprar leche, cuajada y mantequilla. Durante su infancia estudió en la escuela Luis Bográn, donde creció aprendiendo y conviviendo en medio de la cultura garífuna. En las comunidades aún se le recuerda como un niño humilde, sociable y llevadero. De hecho, una vecina dijo a Radio Progreso que, entre sus hermanos, Ricardo siempre fue el más carismático, cercano con la gente. Con el paso del tiempo, esas cualidades le valieron el apoyo de los pueblos garífunas de la Bahía de Tela en su carrera política. En el caso de San Juan y Tornabé, aunque muchos habitantes históricamente simpatizaban con el Partido Liberal, el hecho de que Ricardo fuera un hijo de la comunidad bastó para que depositaran en él su confianza durante las elecciones generales de noviembre de 2021. Ese respaldo le permitió llegar a la alcaldía del municipio de Tela, representando al Partido Nacional. Hoy, sin embargo, a viva voz, algunos líderes comunitarios expresan que lamentan esa decisión. El actual alcalde de Tela, Ricardo Cálix Ruiz, aspira a la reelección como candidato del Partido Nacional ¿Un alcalde dueño de tierras ancestrales garífunas? Tanto la comunidad garífuna de San Juan como la de Triunfo de la Cruz, ubicadas en Tela, demandaron al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales y colectivos del pueblo garífuna, entre ellos el derecho a permanecer en su territorio ancestral. En el caso de Triunfo de la Cruz, la Corte IDH, falló a favor de la comunidad en el año 2015, reconociendo “los territorios que fueron otorgados a la comunidad en calidad de dominio pleno y en garantía de ocupación, así como los territorios que el propio Estado reconoció a nivel interno como tradicionales de la comunidad”, según la sentencia. Posteriormente, en 2023, la Corte también falló a favor de la comunidad de San Juan. En su resolución, constató las ventas y adjudicaciones a terceros de tierras reclamadas por la comunidad; la ampliación del radio urbano del municipio de Tela en 1989, que abarcó parte del territorio reconocido por el Estado como ancestral; y la creación del área protegida “Parque Blanca Jeannette Kawas” sobre terrenos pertenecientes a la comunidad. Dicha sentencia creo un conflicto entre el alcalde Ricardo Cálix y la comunidad garífuna donde creció, ya que, para ese momento, Cálix se había convertido en uno de los principales terratenientes del municipio, con propiedades tanto en Tornabé como en San Juan. Según testimonios de pobladores que solicitaron a Radio Progreso permanecer en anonimato por temor a represalias, “poseía una cuarta parte de las mejores tierras de San Juan”. “Él se volvió enemigo de la comunidad porque comenzamos un proceso de recuperación de tierras, no solo en San Juan, sino también en Triunfo de la Cruz”, relató un habitante garífuna. Añadió que, aunque el alcalde prometió proyectos para las comunidades, nunca los cumplió, “en represalia porque estamos recuperando nuestras tierras”, aseguró el líder comunitario. Otra pobladora, que también solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que tienen conocimiento de terrenos adquiridos por el alcalde en la zona de las Lagunas de Los Micos, en Tornabé, así como de otro lote colindante con el complejo turístico Honduras Shores Plantation, el cual habría sido vendido por 14 millones de lempiras, sin informar a la comunidad, pese a tratarse de tierras de carácter comunitario. La pobladora se refiere a la venta realizada por Ricardo Cálix Arias, padre del alcalde Ricardo Cálix, de un terreno de 42.8 manzanas, valorado en L. 12,780,134.25, a favor de Sally Jeannette Navarrete Cantarero de Metrovic. Dichos terrenos han sido reclamados por la comunidad garífuna de San Juan. El otro terreno en disputa se ubica en el kilómetro 4, en la comunidad garífuna de Tornabé. Registros de la Ofraneh indican que el alcalde Ricardo Ruiz vendió en abril de 2015 unas 45 hectáreas de tierras a Ramón Murillo Acosta por un valor de L. 700,000.00. Actualmente, ese terreno figura hipotecado en el Banco de Occidente por un monto de L. 2,000,000.00. Algunos pobladores relatan que, tanto en San Juan como en otras zonas, el alcalde y su madre aún poseen propiedades. Sin embargo, señalan que con el tiempo han ido vendiendo las tierras que ancestralmente pertenecen al pueblo garífuna, para adquirir otras en municipios cercanos. “Nosotras esperábamos que, por amor a la comunidad, no se iba a prestar a negociar nuestras tierras con los terceros, permitiendo que se les extendiera un dominio pleno, dando permisos de construcción cuando sabía que había una demanda contra el Estado, para que al momento de indemnizarlos verse más beneficiados”, afirmó. Los pobladores garífunas lo consideran como un traidor, porque, siendo hijo de la comunidad San Juan, y sabiendo de las ambiciones que existen para esas tierras comunales y ancestrales, se prestó para venderlas. “Por eso las recuperamos, incluyendo las que él tenía”, dijo otro poblador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Honduras internacionalmente responsable por la violación de los derechos fundamentales del pueblo garífuna. Un pueblo amenazado y asesinado por defender su territorio La Bahía de Tela está conformada por las comunidades garífunas de Barra Vieja, Río Tinto, Tornabé, San Juan, La Ensenada, Miami y Triunfo de la Cruz. Estos territorios ancestrales han
La Unión, Copán: el poder minero se impone sobre el municipal
La Unión, Copán: el poder minero se impone sobre el municipal Más allá del nombre de la persona al frente de la alcaldía de La Unión, Copán, quien realmente ejerce el control en esta zona occidental de Honduras es la empresa Minerales del Occidente S.A. (MINOSA), que durante más de 40 años se ha consolidado como la autoridad dominante, coinciden analistas. Ninguna institución queda fuera de su influencia; todas las resoluciones y acciones están manipuladas por lo que se ha convertido en la “mandamás” de la región. Por más de 40 años, la vida del municipio de La Unión, Copán, en el occidente de Honduras, ha estado marcada por la presencia de una mina que llegó prometiendo generación de empleos y proyectos para las comunidades. Cuatro décadas después, el resultado se centra en ríos contaminados, la destrucción de las montañas, un camposanto dinamitado y una institucionalidad local y nacional al servicio de la empresa de capital transnacional. En 1983, el gobierno de Honduras otorgó una concesión de explotación a Minerales de Occidente (hoy MINOSA) para la mina San Andrés en Copán, una concesión que incluía el derecho a extraer oro y otros minerales en un área de 100 hectáreas. Este contrato, que en un principio fue aprobado por un período de 40 años, sentó las bases para una industria minera más formalizada en la región, pero también trajo consigo una serie de problemas para las comunidades aledañas y el medio ambiente. Minerales de Occidente (MINOSA), subsidiaria de Aura Minerals desde 1998, ha operado la mina a cielo abierto San Andrés y desde entonces se ha convertido en la “todo poderosa” del municipio, controlando las acciones y decisiones de la corporación municipal. En los últimos ocho años, el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, de afinidad nacionalista, ha sido un fiel representante de la empresa, incluso excluyendo a comunidades como Azacualpa, que denuncian los daños generados en la zona. Víctor Hugo, nacido en La Unión, inició en la vida política bajo el liderazgo nacionalista que años atrás encabezaba Juan Orlando Hernández. En el actual proceso electoral, busca un tercer mandato en el movimiento de Nasry Asfura prometiendo una vez más generación de proyectos benefactores para las comunidades. Javier Madrid, habitante de Azacualpa, señaló que el comportamiento del alcalde es similar al de otros políticos de la zona que defienden los intereses de la mina y son flexibles en la entrega del territorio Maya-Chortí. Momentos en los que empleados de MINOSA, con el aval de la alcaldía realizan exhumaciones en el cementerio de La Unión. “Somos un municipio que sobrevive de la siembra de granos básicos, hortalizas y café, pero esta alcaldía sigue apostando a la minería, a pesar de la destrucción demostrada durante todos estos años. No hay apoyo al campo, estamos abandonados”, comentó Javier. Para él, el alcalde simplemente sigue las líneas de funcionarios anteriores, poniendo a disposición de la empresa minera un territorio donde se han desplazado comunidades, destruido el ambiente y dividido a sus habitantes. Ante cualquier reclamo, la amenaza es que, si la mina se va, se pierde el empleo y el desarrollo en la región. En el caso concreto de Víctor Hugo, se le reprocha haber permitido que la empresa dinamite un cementerio de más de 200 años en Azacualpa, en una acción que desobedeció una orden de la Corte Suprema de Justicia que protegía ese patrimonio cultural del pueblo Maya-Chortí. “Todos saben que él era alcalde cuando vendió el camposanto. No le importó que vecinos pedíamos respeto para este lugar sagrado. Nos ignoró, como sigue haciendo, pero eso no detendrá nuestro rechazo hacia un proyecto que sigue generando dolor y muerte para nuestro pueblo”, afirma Javier. La protección y colusión del alcalde con la empresa minera es tan fuerte que, en 2024, en su segundo mandato, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia presentó antejuicio contra cinco miembros de la Corporación Municipal que él dirige. El Ministerio Público informó que los antejuiciados son el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, la vicealcaldesa Sonia María Lara Tábora, y los regidores Henry Milton Tábora Chinchilla, Rafael López Guevara y Fernando Trigueros Pérez, por el presunto delito de incitación a la discriminación contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Lea denuncia completa: Ministerio Público presenta antejuicio contra alcalde y regidores de La Unión, Copán por incitar a la discriminación Según investigaciones, Víctor Hugo y la corporación municipal decidieron por unanimidad declarar «NON GRATOS» a organizaciones sociales como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ASONOG, CIPRODEH y sus representantes legales. Esto ocurrió cuando las organizaciones acompañaban a las comunidades en su rechazo a la destrucción del cementerio, exigiendo a la municipalidad detener las exhumaciones en Azacualpa. Para el abogado Lester Castro, del equipo jurídico del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la permanencia del alcalde Víctor Hugo en la alcaldía garantiza que La Unión siga siendo un municipio minero, donde diversos actores económicos y políticos se ponen al servicio de la empresa, aplastando cualquier oposición o denuncia contra las violaciones cometidas por MINOSA. “En esta región del occidente, otro actor clave son las empresas que prestan servicios a la minera, ya que la mayoría están ligadas a regidores y diputados, además de las vinculadas al entorno del alcalde”, señaló Lester. En el 2021 el Instituto de Acceso a la Información Pública entregó reconocimiento al alcalde por la actualización completa de la información en el Portal Único de Transparencia La alcaldía, dirigida por Víctor Hugo, se ha convertido en la tramitadora de la empresa minera que realmente es quien gobierna la zona. “En 2021, la Sala Constitucional de la Corte de Justicia admitió un amparo para detener las exhumaciones que se realizaban en el cementerio. Sin embargo, el alcalde, como buen tramitador, se presentó junto a un grupo de habitantes ante un Juzgado de Letras en Santa Rosa de Copán para oponerse a la decisión del máximo órgano
Entre denuncias de corrupción y críticas por populismo, Roberto Contreras busca su reelección en San Pedro Sula
Entre denuncias de corrupción y críticas por populismo, Roberto Contreras busca su reelección en San Pedro Sula El Ministerio Público mantiene 10 líneas de investigación contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, por presuntos delitos de trata de personas, fraude y lavado de activos. Roberto Contreras se encuentra en plena carrera por la reelección como alcalde de San Pedro Sula. Sin embargo, su aspiración se ve ensombrecida por múltiples denuncias de presuntas irregularidades en la administración de la llamada “Capital Industrial de Honduras”, una ciudad que, pese a su importancia económica, sigue siendo epicentro de pobreza, desempleo e inseguridad. Aun así, Contreras ha logrado proyectar una imagen mediática cuidadosamente construida, presentándose como un “político honesto y trabajador”, en evidente contraste con los cuestionamientos de sectores de oposición. Actualmente preside el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y es considerado por sus correligionarios como un político con proyección presidencial. Sin embargo, su camino podría verse obstaculizado por investigaciones por presuntos actos de corrupción, entre ellos el posible desvío de 45 millones de lempiras, caso que involucra directamente a su yerno, Steve Fajardo, actualmente prófugo de la justicia. Su trayectoria política Roberto Contreras, propietario de la cadena de restaurantes Power Chicken, es relativamente nuevo en la política partidaria. Su primera participación fue como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula en las elecciones primarias de marzo de 2021, dentro de la corriente de Yani Rosenthal en el Partido Liberal (PL). Sin embargo, apenas dos meses antes de los comicios presentó su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sorpresivamente, anunció su regreso al escenario político y, el 31 de mayo del mismo año, presentó una nueva solicitud de inscripción ante el CNE, esta vez como candidato independiente. A pesar de haber estado previamente inscrito en otro partido, el ente electoral aceptó su candidatura. En octubre de 2021, renunció nuevamente a la candidatura independiente y solicitó al CNE ser inscrito como candidato de una alianza entre Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Omar Menjívar y Julio Montessi, representantes de ambas fuerzas, cedieron sus aspiraciones a Contreras con el objetivo de sacar del poder al alcalde nacionalista Armando Calidonio, vinculado por algunos sectores con actividades del crimen organizado. Contreras presentó oficialmente la solicitud de inscripción de la alianza el 20 de octubre, pero a finales de ese mes el CNE anunció que no podía registrarlo, debido a que ya había sido inscrito en dos ocasiones. En su lugar, el partido LIBRE inscribió a su hermano Rolando Contreras para la planilla de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Tras el triunfo electoral, Rolando renunció y cedió el cargo a Roberto Contreras, quien asumió finalmente la alcaldía. Esa inestabilidad política lo coloca como un político tránsfuga, quien abandona corrientes y partidos políticos según sus intereses personales. De cara a las elecciones del 30 de noviembre, el clan político de Contreras busca consolidar su influencia: su esposa, Zoila Santos, aparece como candidata a diputada al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el Partido Liberal en la casilla 7; su yerno, Steve Fajardo, acusado por presunta corrupción, figura como diputado suplente al PARLACEN; y su hermano Rolando Contreras se postula como candidato a diputado por Cortés bajo el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Roberto Contreras es considerado por sus opositores como un político inestable y tránsfuga, que cambia de partido y de corriente según sus intereses personales. ¿La denuncia de corrupción opacará la reelección? El mayor escándalo que enfrenta Roberto Contreras es el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) el 22 de septiembre de 2025, en el que se señala a una presunta red de corrupción dentro de la alcaldía de San Pedro Sula, responsable de un desfalco de 45.5 millones de lempiras entre julio de 2023 y abril de 2024. La acusación involucra contratos fraudulentos, tráfico de influencias y lavado de activos, vinculando a 14 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, destacando de manera prominente a Steve Fajardo Vargas, yerno y asesor de Contreras. Fajardo fue señalado por la Secretaría de Seguridad como uno de los presuntos cerebros del fraude, y sobre él se emitió una alerta internacional de Interpol. Contreras, por su parte, aseguró que la acción judicial responde a una estrategia política orquestada por figuras de LIBRE. “Esto tiene que ver con el proceso electoral en curso y se trata de una maniobra para debilitar mi candidatura y la del Partido Liberal. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con total transparencia”, declaró a medios de comunicación. El alcalde también cuestionó la imparcialidad del Ministerio Público, señalando que casos como el de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se denunciaron irregularidades, “duermen el sueño de los justos” por involucrar a funcionarios afines al gobierno. Sin embargo, las investigaciones del MP señalan que los implicados suscribieron 33 contratos irregulares con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados a proyectos de mejoramiento vial que, en su mayoría, nunca se ejecutaron o carecen de evidencia de avance. La Fiscalía considera que este caso constituye una de las operaciones de corrupción municipal más graves de los últimos años, al evidenciar una estructura coordinada para desviar fondos públicos, simular procesos de contratación y blanquear dinero en perjuicio de la ciudad. “Sé que los hechos por los cuales el Ministerio Público ha presentado acusaciones son reales. Este tipo de prácticas son casi normalizadas en muchas instituciones cuando se trata de contrataciones”, señaló el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar. Menjívar agregó que, dado que los contratos fueron firmados por el alcalde, “no puede decir que no sabía que estaba firmando contrato al tío de su yerno”, haciendo énfasis en la cercanía de Contreras con Steve Adolfo Fajardo Vargas, esposo de su hija. Esta denuncia de corrupción no es solo ruido político; representa un cuestionamiento serio a la credibilidad y transparencia de Contreras como funcionario público. En un contexto de crisis institucional, la ciudadanía se enfrenta a la disyuntiva de elegir a un alcalde cuestionado o